El mordisco de un perro desencadena cuatro denuncias de la policía local en una gran capital de Castilla-La Mancha

El Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha (SPL-CLM) ha denunciado que la Inspección de Trabajo ha requerido al Ayuntamiento de Albacete por la comisión de hasta 4 faltas graves en la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, después de que un perro mordiera a un agente en una intervención.

El SPL-CLM ha explicado en un comunicado que el perro mordió al policía cuando éste trataba de identificar al animal mediante la lectura del microchip, resultando herido leve en una mano, "pero con el riesgo de infección a la vista de la constatación de que el perro no tenía al día la vacuna de la rabia".

El sindicato policial ha considerado "muy grave" este requerimiento y "la constatación de la comisión de estas cuatro infracciones graves", que atribuyen a la "dejadez absoluta" del responsable de la Policía Local, "con el consentimiento del concejal del área de Seguridad", ha aseverado en su nota.

Para el sindicato de policías locales, las infracciones constatadas por la Inspección de Trabajo en este caso son "la falta de idoneidad del equipo de lectura de chip y la ausencia del equipo de trabajo idóneo de protección individual frente a mordeduras".

También consideran faltas graves "el incumplimiento de la obligación de realizar aquellas actividades de prevención que hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones y no llevar a cabo la investigación del accidente".

Además, siempre según la denuncia del sindicato, la Inspección de Trabajo requiere al Ayuntamiento para que, en el plazo de dos meses, proceda a la subsanación de las deficiencias constatadas y que desencadenaron el accidente de trabajo.

El SPL ha recordado que estas deficiencias ya fueron detectadas por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en la Evaluación Inicial y, según consta en la Planificación de Medidas correctoras, se dio un plazo a la Jefatura de la Policía Local que finalizaba el 24 de octubre de 2016, constatando la Inspección de Trabajo que a la fecha del accidente (31 de julio de 2017) no se habían implantado ninguna de las medidas correctoras requeridas".