Toma de contacto entre la Junta y el sector del taxi para aclarar las interferencias de las VTC

El director general de Carreteras y Transportes, David Merino, se ha reunido este lunes con el sector del taxi para trasladarle "tranquilidad" confiando en que el Real Decreto-ley, que se publicó y entró en vigor el pasado 29 de septiembre, "va a dar, a medio plazo, solución a las posibles interferencias de servicios entre las VTC y los taxis".

Así se lo ha trasladado en una reunión mantenida en la Consejería de Fomento al presidente de la Federación Regional de Taxistas, Manuel García Naharro; junto a varios representantes de todas las provincias de este colectivo. Posteriormente, también ha mantenido un encuentro por el mismo tema con responsables de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) y de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam).

A pesar de que todavía existen alrededor de un centenar de autorizaciones de vehículos de alquiler con conductor (VTC) que están judicializadas y pendientes de otorgamiento, el director general cree que "esta nueva normativa, de alguna manera, disminuye la posibilidad de hacer servicios a las VTC, ya que dentro de cuatro años va a impedir los trayectos urbanos". Por eso, ha continuado, "se va a desincentivar la puesta en marcha real de este tipo de autorizaciones dada la pequeña rentabilidad de estos servicios una vez que solo puedan prestarse servicios interurbanos".

Asimismo, David Merino ha señalado que desde el Gobierno regional "nos hemos comprometido a intensificar la labor de inspección que se va a facilitar con la entrada en vigor, a finales de 2018 y según ha garantizado el Ministerio de Fomento, de un registro telemático de actividades que va a permitir, incluso en inspecciones por carretera, comprobar el cumplimiento real de la normativa de prestación de los servicios de VTC", que marca que el 80 por ciento de los servicios deben realizarse dentro de la región a la que pertenece la licencia y solo el 20 fuera de la misma.

Una vez más, el director general ha recordado que la problemática es tal en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, entre otras, porque "en Castilla-La Mancha se supera por la mínima la ratio de 1 vehículo con conductor de alquiler por cada 30 taxis". Por eso, ha afirmado que "aquí no hay actualmente interferencias entre ambas actividades", aunque igualmente con este Real Decreto "se va a dar solución definitiva a la conflictividad".

Moratoria

Según ha informado la Junta en un comunicado, desde la aprobación de esta ley se abren cuatro años transitorios en los que tanto taxis como VTC pueden seguir prestando servicios urbanos e interurbanos, aunque una vez transcurrida esta moratoria solo los taxis podrán seguir realizando ambos, mientras que las VTC verán reducidos los suyos a los interurbanos.

De esta forma, las posibles sentencias favorables que puedan darse a favor del otorgamiento de más licencias de VTC no aumentarán de forma significativa, ya que "de las últimas sentencias que obligaban a la Junta de Comunidades a otorgar licencia no ha habido manifestación de la parte interesada para hacerlas efectivas". Otra medida que se tomó recientemente por el Gobierno nacional fue el impedimento de que las licencias de VTC puedan transmitirse en los dos años siguientes a su otorgamiento y, así, evitar la especulación que se venía dando.

Tal y como ya se avanzó recientemente, en este periodo de moratoria se abre un plazo para que el Gobierno autonómico regule la situación del taxi y ver la posibilidad de que las VTC realicen servicios urbanos, algo que "se hará con la colaboración y coordinación de los ayuntamientos, ya que serán ellos los que consideren la necesidad de estos servicios en sus términos municipales".

De igual modo, Merino ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha asistirá periódicamente a los grupos de trabajo con el Ministerio para detallar la aplicación de este Real Decreto-ley y así, trabajar a favor del sector y de los intereses que más se adapten las circunstancias de esta comunidad.