Desarticulada en Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura una red que explotaba a víctimas de Rumanía y Moldavia

La Guardia Civil ha detenido a 16 personas e investiga a otras cinco, en Jaén, Huelva, Córdoba, Badajoz y Albacete, miembros de una organización dedicada a la captación de personas en el Este de Europa, de Rumanía y Moldavia, principalmente, a las que explotaban laboralmente en las campañas de recolección de diferentes cultivos agrarios.

Los detenidos, según han explicado este jueves en una rueda de prensa en Jaén la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño; el coronel interino jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, Luis Ortega Carmona; y el teniente coronel jefe del Departamento de Delitos contra las Personas y el Patrimonio de la UCO, Javier Rogero Martín, realizaban labores de captación, traslado y control de las víctimas, entre los que también se incluyen cinco empresarios que actuaban en connivencia con la organización.

De las más de 145 víctimas detectadas, se ha conseguido identificar y liberar a 18 de ellas, todas de nacionalidad rumana y moldava, siendo posteriormente trasladadas a distintas ONG. La organización captaba a las víctimas con falsas ofertas de empleo en internet, y las engañaban con falsas promesas de empleo en adecuadas condiciones de trabajo.

La investigación se ha centrado en las provincias de Jaén, Córdoba, Badajoz y Huelva, aunque derivaron otras vinculaciones a nivel nacional e internacional, por lo que se ha contado con la colaboración en la investigación de miembros de Europol especializados en este tipo de delitos.

Extrema precariedad

Los "captadores" aseguraban a las víctimas que, una vez en España, residirían en unas condiciones dignas, tanto laborales como de vida, algo que posteriormente se incumplía, viviendo en condiciones de semiesclavitud y de precariedad extrema, llegando en alguno de los casos a pasar varios días sin poder comer.

A las víctimas de nacionalidad moldava les retiraban su documentación original, y les proporcionaban pasaportes y documentación de ciudadanos de Rumanía, con el fin de simular una situación de estancia regular en el país.

Los principales miembros de la organización disfrutaban de un alto nivel de vida, llegándose a acreditar a la largo de la investigación, que podía llegar a facturar mensualmente más de 1.000.000 de euros de las empresas en las que las víctimas se encontraban desarrollando su actividad laboral.

También han sido intervenidos cinco vehículos, con los que la red realizaba los traslados de las diferentes víctimas, así como otros dos de alta gama, utilizados por los líderes de la organización para sus diferentes desplazamientos. Finalmente se han llevado a cabo 15 registros, cuatro de ellos en explotaciones agrarias en las que las víctimas estaban siendo explotadas laboralmente.

Grupo conjunto

La operación ha sido llevada a cabo por un grupo conjunto de trabajo formado por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Jaén y la Sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en colaboración con las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de Huelva, Albacete, Córdoba y Badajoz.

También ha contando con el apoyo de la Unidad Técnica de Policía Judicial y de expertos, habiéndose practicado 150 declaraciones a potenciales víctimas, para lo que fue necesario contar con más de veinte traductores del idioma rumano/moldavo, dado que gran parte de las víctimas no entendían el español.

Una parte de las víctimas se encuentran ahora trabajando y se han integrado plenamente en el ámbito laboral, gracias a la colaboración de ONG y de un empresario del sector de los frutos rojos en la provincia de Huelva