Las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha han procedido a delimitar un asentamiento ilegal en Albacete ocupado por inmigrantes, principalmente de origen africano, tras la aparición de un caso positivo en coronavirus.

Según confirman a Europa Press fuentes sanitarias, se ha pedido ayuda a la Policía Nacional para tener controlado este asentamiento, situado a las afueras de Albacete. De este modo, se ha procedido al acordonamiento de la zona.

Según la agencia Efe, la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha realiza test PCR a unas 500 personas que viven en un asentamiento irregular de la carretera de Peñas, en Albacete, después de que uno de los residentes haya dado positivo en COVID-19.

Así lo han explicado a Efe fuentes del Gobierno regional, que han precisado que en la zona trabajan patrullas de la Policía Nacional y Local para vigilar que nadie salga de las antiguas naves de Cereales Saltó, hasta conocer los resultados de las pruebas, que esperan terminar entre este viernes y este sábado.

Después se decidirá qué hacer y una de las opciones pasaría por confinar en alguna instalación municipal, como un pabellón polideportivo a quienes pudieran dar positivo, como han precisado fuentes de Cruz Roja, entidad cuyos voluntarios han acudido a la zona, en la que las ONGs trabajan de manera habitual.

En épocas como la actual, en verano y con campañas agrícolas, se estima que pueden ser unas 500 personas quienes residan en esta nave abandonada, que desde hace años se ha utilizado como asentamiento irregular, en una de las entradas a la ciudad de Albacete.

En el asentamiento residen inmigrantes a lo largo de todo el año, aunque más en épocas de campañas agrícolas por la llegada de temporeros desde otras provincias.

La presencia policial es notable en la zona y el hecho ha generado una gran expectación entre los vecinos. De momento, se ha confirmado un único positivo y se han activado los protocolos fijados por Sanidad para estos casos.

La Solana

Por otro lado, en la provincia de Ciudad Real, un juzgado ha dictado aislamiento domiciliario obligatorio a una familia de La Solana, compuesta por cinco miembros, y a otra mujer, residente en otro domicilio, ya que habían tenido contacto con una persona contagiada de COVID-19 y, ante la negativa de adoptar las medidas de confinamiento recomendadas por los sanitarios que se pusieron en contacto con estas personas, la Administración regional pidió que la justicia dictara las medidas oportunas.

El auto, al que ha tenido acceso Efe, precisa que estas personas deben mantener el aislamiento domiciliario desde el día 10 al 19 de julio y también recoge que si estas personas no se someten voluntariamente a la prueba para diagnosticar la COVID-19, se procederá a efectuar la prueba con carácter forzoso.

Estas medidas se han adoptado con el fin de evitar un rebrote de la enfermedad por el potencial pandémico y el alto riesgo de contagio.