Indignación en el PP por los "caprichos" de una alcaldesa del PSOE de la región

Rosario Roncero, concejal del Grupo Municipal Popular en Ciudad Real,  ha asegurado que tanto el portavoz de Ganemos como sus compañeros “continúan ejerciendo como dictadores al más puro estilo venezolano”.

En este sentido, la edil del Grupo Popular indica que el portavoz de Ganemos, Jorge Fernández, sigue jugando a ser juez, demostrando su obsesión por Rosa Romero al nombrarla en sus acusaciones, cuando ni se la cita, ni está inmersa en procedimiento judicial alguno. “De nuevo –añade Roncero- estos aprendices de Maduro quieren montar un circo con el único objetivo de hacer ruido, para desviar la atención sobre los muchos problemas que tienen los ciudadrealeños y a los que ni Zamora, ni sus socios de Ganemos, son capaces de dar solución, por su incompetencia y falta de trabajo”.

Desde el Grupo Municipal Popular recuerdan, una vez más, que España, por fortuna, no es Venezuela, y que en nuestro país los políticos no pueden erigirse en jueces. De igual forma, piden a PSOE y Ganemos que dejen actuar a la justicia.

"Falta de transparencia"

 “Es sorprendente que, otra vez, que el podemita Fernández pida transparencia cuando él está dirigiendo una empresa fantasma, EMUSER, de la que no tenemos absolutamente ni un solo documento de lo que maneja, de lo que él y sus socios están haciendo con los varios millones de presupuesto con los que cuenta y de los que sólo él sabe en que se están gastando”, indica Roncero, quien señala que “tampoco tenemos ningún acta del consejo de administración y creemos que algo tienen que ocultar porque cada vez que se les pide documentación, obtenemos nerviosismo y opacidad por parte de Zamora y Fernández; estamos ante una falta total de transparencia, donde nadie sabe qué negocios hace o con quien se reúne, dirigiendo él solo el urbanismo de Ciudad Real en la sombra”.

 Según la concejal del PP, el oscurantismo es la guía de actuación de este Ayuntamiento, dirigido por el pacto de perdedores, y exige a Zamora que dé explicaciones de por qué ha permitido a una empresa privada el aprovechamiento de un suelo público “en lo que  consideramos es un presunto delito de prevaricación urbanística, y que pondremos en conocimiento de la Fiscalía para que se investigue este turbio asunto”.

 Además, el Grupo Municipal Popular informa a los ciudadrealeños que los caprichos judiciales y la búsqueda de intentar ganar en los juzgados lo que nunca ganaron en las urnas, presentando denuncias falsas que han sido todas archivadas, le ha costado ya a los ciudadanos 8.545,90 euros, cuantía que ha salido de las arcas municipales para pagar los gastos judiciales de los funcionarios a los que han implicado, injustamente, en el caso de Vereda de Moledores, que también ha sido archivado por un juez “a pesar de todas las mentiras que dijeron y sobre las que a fecha de hoy no han pedido perdón”.