El Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exalcalde de Puertollano (Ciudad Real) Joaquín Hermoso Murillo, el exsecretario municipal Juan Luis Vázquez Calvo y el arquitecto técnico municipal Eugenio Ángel Manso al imputarles un presunto delito de prevaricación por el caso del fraccionamiento en 69 partes de las obras del coso y barrera de la plaza de toros de la ciudad industrial.

El escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press y dado a conocer este lunes por el grupo municipal de Izquierda Unida, solicita asimismo la apertura de juicio oral, si bien no ejerce su acusación por el resto de los delitos que afloraron como consecuencia de la instrucción de este procedimiento --falsedad en documento público, tráfico de influencias, estafa procesal en grado de tentativa e inducción a falso testimonio--, que el fiscal no considera acreditados.

Además, ha solicitado el sobreseimiento provisional de las diligencias que atañen a otros dos técnicos ajenos al Ayuntamiento, en un principio investigados, al no considerar debidamente acreditados los hechos que se les imputan.

Izquierda Unida coincide con la calificación del fiscal respecto a los acusados pero ha advertido de que "no está de acuerdo con el resto de los planteamientos, por insuficiente", según señala la formación en una nota.

Así, IU asegura que va a continuar ejerciendo la acusación particular para la clarificación total de las actuaciones, tanto del exalcalde Hermoso Murillo "como de los altos funcionarios del Ayuntamiento que se brindaron para llevar a cabo la actividad prevaricadora".

"La instrucción ha sacado a la luz, de manera más que indiciaria, la comisión de un delito de falsedad en documentos públicos, de un delito de estafa procesal y de un delito de inducción al falso testimonio, todos ellos presumiblemente cometidos por estos acusados y dentro de los mismos procesos: administrativo y penal", ha insistido IU.

Una "adjudicación directa"

Según señala el fiscal en su escrito, los investigados "conocedores de la normativa administrativa en materia de contratación, sabedores de la inexistencia de causas técnicas que justificasen la fragmentación de la contratación, con la finalidad de tramitar los distintos contratos sin publicidad adjudicándolos de forma directa, actuando en total connivencia, procedieron a informar y resolver a favor de la fragmentación de la contratación de la realización de las obras de la segunda fase del Coso Polivalente de Puertollano".

La ejecución de obra ascendió a 2.598.451,54 euros, cuyo gasto se fraccionó en 69 expedientes.

La Fiscalía estima que, continuando con la ejecución del "plan preconcebido entre los tres acusados", sin la existencia de causas técnicas que justificasen dicho fraccionamiento y "conocedor de la ilegalidad de su actuar", el acusado Eugenio Ángel Manso, arquitecto técnico municipal, emitió el día 14 de enero de 2008 informe a favor del fraccionamiento.

Por otra parte, según el relato de la Fiscalía, "basándose en el citado informe, sin ningún tipo de justificación y consciente de su ilegal actuar, el acusado Juan Luis Vázquez Calvo, en su condición de secretario general del Ayuntamiento, redactó informe de fecha 15 de enero de 2008 en el cual daba el visto bueno al previo informe emitido por el arquitecto técnico municipal y en consecuencia informando a favor del fraccionamiento de la contratación de la obra, no obstante conocer los límites legalmente establecidos."

De esta forma, según el fiscal, "burlando la normativa administrativa en materia de contratación, eludiendo los mecanismos de contratación con publicidad que corresponderían por la cuantía de la obra, sin resolución-aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, tras la selección de forma unilateral de los distintos ofertantes por parte del arquitecto técnico municipal, y basándose en los informes del arquitecto municipal y del secretario del Ayuntamiento, el acusado Joaquín Hermoso Murillo, entonces alcalde de Puertollano, dictó las respectivas resoluciones unilaterales de adjudicación de la contratación, de forma personal y directa a las empresas propuestas".

Tras el escrito de la Fiscalía, restan por calificar las acusaciones particulares de las partes interesadas (IU y PP), así como los escritos de defensa. Según IU, "es muy probable" que en los primeros meses de 2018 "veamos el desarrollo de esta lamentable historia".