Puede acabar en la cárcel por lo que les hizo a dos empresas de Ciudad Real... ¡hace 14 años!
La Audiencia Provincial de Ciudad Real enjuiciará el próximo miércoles, 24 de enero, al propietario de una empresa que estaba trabajando en Cartageena por un presunto delito de apropiación indebida después no solo de que no pagara la facturas del andamiaje que había alquilado sino que posteriormente se lo quedó haciéndolo constar como parte de su patrimonio.
Según el escrito del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron hace casi catorce años, concretamente en noviembre de 2015 cuando la empresa del acusado, N.A.F., estaba construyendo una Central Térmica de Ciclo Combinado en Cartagena para lo que contrató el suministro en alquiler de diverso material de andamio para la obra.
Posteriormente, entre 2004 y el 12 de marzo de 2007, el acusado recibió todo el material en alquiler concertado devengándose diversas facturas por importe de 45.644,92 euros a favor de la empresa denunciante y de 57.988,20 euros a favor de la que le sucedió.
Ni facturas ni material
Remitidas dichas facturas a la entidad del acusado no fueron atendidas resultando una deuda acumulada de 103.600,12 euros, a lo que se sumó el hecho de que el acusado, "con clara intención de lograr un inmediato beneficio patrimonial" incorporó el material que le habían alquilado a su patrimonio, de forma que ni lo devolvió ni informó a las empresas afectadas de donde estaban sus propiedades.
Los afectados denunciaron la situación en abril de 2007 y el juzgado de Puertollano (Ciudad Real) apercibió al acusado de que dijera dónde estaba el material que le habían alquilado sin que, once años después, haya hecho nada al respecto. Por eso en julio de 2010 se condenó a la empresa a pagar sendos recibos de 45.644,92 y 57.988,20 euros a las dos empresas afectadas, así como que les devolviera el material tasado en 141.656,84 euros.
Tras siete años esperando, finalmente la Fiscalía acusa a N.A.F. de un delito de apropiación indebida por el que solicita tres años de prisión así como a abonar a las dos empresas demandantes con 141.656,84 euros.