Dos niñas, víctimas de una presunta agresión sexual a manos de su padre en Ciudad Real

El día 9 de enero se sentará en el banquillo de los acusados un hombre que se enfrenta a una pena de 70 años de cárcel por abusar hasta en cinco ocasiones de sus hijas --menores ambas de 16 años-- así como de maltratar a su esposa y madre de las niñas en Villarrubia de los Ojos, municipio donde residían.

Según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press, el hombre, de 47 años en el momento de cometer los hechos, entre enero y mayo de 2017 --en fecha indeterminada-- aprovechó una madrugada que su mujer estaba en Rumanía para agredir sexualmente a las dos niñas, que entonces tenían 14 y 15 años, practicándoles tocamientos por todo el cuerpo y sexo oral, tras lo que las amenazó con matarlas si decían algo.

Posteriormente, a principios de abril de ese mismo año cuando la familia se mudó a otra vivienda de Villarrubia de los Ojos, hizo entrar a la niña e 15 años a su habitación, que cerró con pestillo, para volver a agredirla sexualmente con amenazas de que las iba a matar a ella, a su hermana o a su madre, y a continuación hizo lo mismo con su hija menor.

El 27 de abril, día en que la niña de 15 años celebraba su cumpleaños y la madre de las niñas regresaba de Rumanía, el acusado dijo a la mayor --ante la otra hermana-- que la iba a "hacer suya".

El 3 de mayo se la llevó a un paraje en el campo donde la violó y la obligó a practicarle sexo oral al menos hasta en 5 ocasiones a pesar de la resistencia de la niña, a la que golpeó en numerosas ocasiones y amenazó con cortar a su hermana y su madre "en cachitos".

El acusado, durante este tiempo, "con evidente ánimo de menoscabar la integridad física de su esposa" la golpeaba a insultaba ante sus hijas, dirigiéndose a ella con expresiones como "hija de perra".

Por estos hechos, la Fiscalía lo considera responsable de cinco delitos de agresión sexual, por los que pide sendas penas de 14 años, así como dos años más por el de maltrato habitual y 8 años de libertad vigilada, a lo que hay que sumar la prohibición de acercarse o comunicarse con las niñas --de las que se pide la retirada de la patria potestad-- y para las que se solicitan indemnizaciones de 20.000 euros para cada una.