Ven indicios de un posible delito en la actuación de un alcalde de Ciudad Real

El juzgado de primera instancia e instrucción número uno de Puertollano ve indicios de un posible delito de prevaricación administrativa cometido por el alcalde socialista de la localidad, Basilio Lillo Gómez, ante la negativa a facilitar determinada información al Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento, según ha informado el PP de Ciudad Real en nota de prensa.

Según dicha nota, durante las diligencias practicadas, técnicos municipales han reconocido ante el juez que el alcalde socialista ha dado “órdenes expresas tanto verbales como escritas” de impedir el acceso de la concejal popular Ana María Hidalgo a dos expedientes concretos. Además, estos mismos técnicos han confirmado que tales expedientes estaban perfectamente localizados, con lo que desmienten la declaración exculpatoria del alcalde socialista que había manifestado que no se había facilitado la información al PP porque la documentación estaba ilocalizable y no habían tenido tiempo de buscarla.

Recuerdan que estos expedientes "que el alcalde no quiere que la oposición vea están relacionados con unas obras de reconstrucción de los arcos la calle El Pozo, obras que no se han ejecutado y que, desde un primer momento, han estado rodeadas de muchas sombras". El Grupo Municipal Popular de Los Pozuelos no entiende este proceder por parte del alcalde, ya que pensaban que era simplemente tozudez pero no creen que nadie, por cabezonería, se arriesgue a una posible inhabilitación por no entregar documentación a no ser que estos documentos oculten información aún más grave.

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Ana María Hidalgo, ha señalado que, desde el inicio de la legislatura anterior, el Grupo Popular ha sufrido las actitudes caciquiles del alcalde socialista y cómo se les denegaban de forma sistemática documentación. En julio del 2015, el alcalde socialista lanzó un decreto en el que prohibía la estancia en las dependencias del Ayuntamiento a la oposición además, denegó, hasta en dos ocasiones, la celebración de un Pleno Extraordinario. Todas estas cuestiones fueron puestas en conocimiento del Defensor del Pueblo en noviembre de 2016.

El Defensor del Pueblo archivó la queja del PP porque el alcalde socialista se comprometió a cambiar de actitud e incluso emitió un nuevo decreto donde daba acceso al Grupo Popular a los expedientes solicitados. Sin embargo, el Grupo Popular se ha personado en el Ayuntamiento en cuatro ocasiones y en todas ellas se les han denegado dos expedientes en concreto. Por ello, en diciembre del 2018, denunciaron lo ocurrido en las dependencias de la Guardia Civil y, en estos días, han recibido del Juzgado de Puertollano el auto sobre un posible delito de prevaricación administrativa.

“El Grupo Popular de Los Pozuelos va a seguir trabajando para defender los derechos de los vecinos, ya que creemos que todos nos merecemos saber que ocurre en nuestro pueblo porque representamos casi al 50% de los vecinos y exigimos transparencia y respeto”, ha concluido Hidalgo.