Sospecha de dedazo en unas oposiciones de Ciudad Real: la Fiscalía investiga irregularidades

La sombra del dedazo planea sobre las oposiciones a bomberos convocadas por el Consorcio para el Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) de la provincia de Ciudad Real. Dos miembros del Tribunal Calificador del proceso han denunciado presuntas irregularidades en el proceso de selección de 26 opositores y la Fiscalía de Ciudad Real ha decidido abrir diligencias de investigación penales. 

Según ha informado el sindicato de prensa Comisiones Obreras (CC. OO.) los dos denunciantes son José María Roldán y Manuel Prieto, bomberos de profesión con 35 años de experiencia y puesto fijo. Los otros tres miembros del Tribunal Calificador son el gerente del Consorcio, el secretario del Ayuntamiento de Ballesteros de Calatrava y el jefe del Parque de Bomberos de Ciudad Real, este último con nombramiento provisional.

Desde CC. OO. aseguran que los denunciantes han resaltado en su denuncia atendida por la Fiscalía que con algunas actuaciones personales de los otros tres miembros del Tribunal resultarían beneficiados en el proceso familiares de actuales cargos políticos.

Presuntas irregularidades

Entre algunas de las presuntas regularidades denunciadas está en que en el primer examen, con 100 preguntas tipo test, el gerente del Consorcio, Miguel Peña, decidió entregar la prueba a un fotocopista privado que nada tenía que ver con el Tribunal Calificador, por lo que sus miembros perdieron la guarda y custodia del ejercicio, existiendo un alto riesgo de filtración.

Además en el segundo examen, de carácter psicotécnico, el propio gerente del Consorcio decidió contratar los servicios de una empresa privada para realizar el cuestionario y encargarse de la corrección, también con la queja y voto en contra de Roldán y Prieto. 

Por otro lado, en el tercer ejercicio de pruebas físicas igualmente se llamó a otra empresa privada que fue "delegada" por el Tribunal Calificador para gestionar ella misma las marcas. "No se preocuparon ni tan siquiera de poner un panel de cronómetro para medir el tiempo, o una tabla graduada en el foso para medir las distancias, que pudieran ser seguidas por las personas presentes en la realización de las pruebas físicas, entre ellos los propios miembros del Tribunal Calificador", afirman.

En resumen, y según el sindicato, la oposición a estas 26 plazas de bombero, al parecer de los dos miembros del tribunal calificador denunciantes, ha sido "un verdadero cruce de intereses particulares y cúmulo de actuaciones irregulares que están fuera de la mínima garantía de imparcialidad y transparencia que ha de primar en una oposición libre de esta naturaleza".

Acusaciones "totalmente infundadas"

Por su parte, el presidente del SCIS, Julián Nieva, ha considerado "totalmente infundadas" las acusaciones y ha reiterado su "confianza plena" en las decisiones que ha adoptado el Tribunal, que a su juicio ha garantizado en todo momento los principios de igualdad y transparencia.

Nieva, en la misma línea, ha insistido en que "tenemos la garantía de que todo se está haciendo correctamente y conforme a la ley. El proceso está siendo transparente en todo momento y las actas se han hecho públicas ante los miembros sindicales que las han requerido".

"A pesar de los intereses ajenos e impedimentos que puedan surgir, desde el Consorcio vamos a seguir adelante con el proceso de selección para cubrir todas las plazas vacantes y dar a su vez oportunidad a lo jóvenes de la provincia para acceder al empleo de calidad, estable y de futuro", ha anunciado.

El Consorcio del Servicio Contra Incendios y Salvamento abrió la convocatoria el pasado mes de febrero para cubrir 26 plazas de bombero en los municipios de Alcázar de San Juan (1), Almadén (4), Daimiel (5), Manzanares (4), Tomelloso (1), Valdepeñas (5) y Villanueva de los Infantes (6).