Llevan a la Fiscalía la expulsión de una mujer con discapacidad de un acto comercial en Cuenca
La Consejería de Bienestar Social va a estudiar a fondo el caso de una mujer con síndrome de Down de Motilla del Palancar (Cuenca), que supuestamente fue expulsada de una charla comercial el pasado martes, ya que, de ser así, podría tratarse de una infracción "grave" de la legislación vigente.
Así lo ha asegurado en declaraciones a Efe la consejera de Bienestar Social del Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, que ha subrayado que ha conocido el caso a través de los medios de comunicación y quiere estudiar a fondo lo sucedido para decidir qué medidas tomar.
En cualquier caso, ha aseverado que, si se confirman los hechos, sería "incomprensible en el tiempo en que vivimos que se pueda tener un trato discriminatorio a una persona por tener una discapacidad".
Sánchez ha recordado que toda la legislación vigente autonómica, nacional e internacional "ampara a las personas con discapacidad, con artículos específicos sobre el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación".
Ya remarcado que tanto la legislación nacional de 2013 como la autonómica de 2014 recogen que vulnerar ese derecho a la igualdad de trato es una infracción "que se podría contemplar como grave".
Ha insistido en que, de momento, no conocen el caso de forma directa, pero que es muy importante "prestar apoyo y asesoramiento" a la mujer y a sus familiares y, "una vez conocida la situación, si es tal y como se ha contado, se tomarán las medidas pertinentes".
Cermi ha llevado el caso a la Fiscalía
El Comité Regional de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-CLM) ha denunciado que una mujer con discapacidad fue expulsada el miércoles de un acto comercial celebrado en Motilla del Palancar por un representante de la empresa "Media Salud", que justificó su acción en que "podría asustar a la gente".
CERMI Castilla-La Mancha ha rechazado "de plano" estos hechos, que ha tachado de "gravemente discriminatorios", y ha pedido a la Fiscalía y a la administración regional que actúen al respecto "para comprobar con celeridad los hechos denunciados" y, si se confirman, sancionar a la empresa para que este suceso no vuelva a repetirs