A juicio por quemar viva a su madre en un pueblo de Cuenca: se había negado a darle dinero

La Audiencia provincial de Cuenca celebra del 7 al 9 próximos un juicio con jurado popular contra un acusado de asesinar a su madre quemándola en la vivienda familiar en un pueblo de Cuenca, para quien el fiscal pide 25 años de prisión.

Según el escrito de acusación del fiscal, consultado por EFE, el acusado, de 50 años y en prisión provisional por esta causa desde el 1 de abril de 2022, convivía con su padre y su madre en la casa familiar situada en El Valle de Altomira-Garcinarro (Cuenca).

El acusado solía pedir a su madre que le diese dinero para sus gastos, dado que él no trabajaba ni cobraba pensión o prestación alguna, y vivía de la pensión que cobraba su padre y cuyo dinero lo guardaba su madre.

Los hechos que se juzgan se produjeron entre las 9:00 y las 14:00 horas del 8 de marzo de 2019, en la vivienda familiar, cuando el padre se marchó y el procesado se quedó solo con su madre, con la que discutió por motivos económicos.

En ese momento, el acusado, con manifiesta intención de acabar con la vida de su madre, según el fiscal, actuó de manera repentina e inesperada y aprovechó que ambos se encontraban solos en la casa, así como la diferencia de edad y corpulencia entre él y su madre.

El 95 % del cuerpo quemado

Esto provocó que la madre no tuviera capacidad de reacción y defensa efectiva alguna ante la agresión de su hijo, de manera violenta, que la dejó en estado de inconsciencia y que, para asegurarse de acabar con su vida, le prendió fuego a su cuerpo.

La madre falleció, según el informe forense, a consecuencia de un fallo multiorgánico causado por las quemaduras de segundo y tercer grado con una extensión del 95 % de la superficie corporal total quemada.

El padre no ha reclamado nada por tales hechos pero sí una hija del acusado y nieta de la víctima, con la que cual no convivía.

Por todo ello, el fiscal ha solicitado imponer al acusado la pena de 25 años de prisión, diez años de libertad vigilada para su cumplimiento posterior al de la pena privativa de libertad impuesta, la prohibición de comunicarse por cualquier medio con su padre ni aproximarse a él, a su domicilio o a cualquier otro frecuentado por el mismo a una distancia no inferior a un kilómetro durante un tiempo de 35 años. También ha pedido que indemnice a su hija con 20.000 euros.