Castilla-La Mancha, como el resto de España, quedó conmocionada el pasado jueves 28 de diciembre por el asesinato de Arancha a manos de su marido. Todo ocurrió en la vivienda que ambos compartían en la localidad guadalajareña de Azuqueca de Henares. Poco antes de las 8 de la mañana Jesús degollaba mortalmente a su mujer, con la que se había casado el año anterior en el juzgado, tras una fuerte discusión. La cruenta escena se produjo en presencia de los tres hijos de Arancha, de doce, nueve y un año, respectivamente. Los dos niños mayores, Aitana y Eduardo, nacidos como fruto de una relación anterior de la víctima, fueron los primeros en dar aviso de lo ocurrido. Subieron corriendo a casa de una vecina con la que la familia tenía confianza y le pidieron ayuda. Desde ese momento de encuentran en tratamiento psicológico.

Desgraciadamente, cuando llegaron al lugar de los hechos, en la calle San Miguel de Azuqueca, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar a Arancha, que moría a los 37 años de edad. Sí sobrevivió el agresor, de 40, a las heridas cortantes que se produjo él mismo tras cometer el crimen. A los dos días fue dado de alta por los sanitarios del Hospital de Guadalajara, donde permaneció custodiado por la Policía, y actualmente se encuentra en prisión provisional a la espera de juicio.

Nada más enterarse del crimen, David Lara, que formaba pareja de hecho con Arancha hasta su separación en 2009, y que es el padre de los dos hijos mayores de la víctima, tuvo claro que su deber desde ese instante era no dejar solos ni un momento a Aitana y Eduardo, que acababan de quedar huérfanos de madre. A partir de ahora necesitarán mucho tiempo para sobrellevar el trauma y el dolor producidos por haber sido testigos directos del asesinato de su progenitora. Ante tales circunstancias, se vio obligado a dejar su trabajo en la plataforma logística que tiene el gigante Amazon en la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Necesitaba todo el tiempo del día para acompañar a sus hijos, que viven los peores días de sus cortas vidas, e iniciar todos los trámites burocráticos y judiciales que conlleva una situación tan dura como esta.

Durante los días posteriores a la muerte de Arancha, David se llevó con él a sus dos hijos a su domicilio en el barrio madrileño de Vallecas, a una media hora en coche de Azuqueca de Henares. Y no solo eso, sino que también cuidó durante ese tiempo y asumió la guarda y custodia del tercer vástago de su ex pareja, de solo 15 meses de edad, hijo del presunto asesino, un bebé que actualmente está siendo atendido y protegido por un centro de acogida de menores en Guadalajara, cuya titularidad es de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Sin embargo, tal y como ha asegurado a EL DIGITAL, "tuvimos que dejar Madrid porque los psicólogos me recomendaron no romper la rutina de mis hijos, que tienen su vida en Azuqueca. Lo más fácil era que yo me trasladase allí porque es donde los niños van al colegio, donde tienen a su amigos y donde contamos con más ayuda familiar". Desde entonces, David vive en un modesto hotel de la localidad azudense, pasa el día junto a sus hijos y los niños duermen en casa de unos familiares.

Es una situación provisional hasta que el próximo día 1 de febrero entre en vigor el contrato de alquiler que ha firmado David con la propietaria de un piso de Azuqueca: "Allí quiero restablecer mi vida y la de mis hijos, que desde ese día no pueden dormir solos, no pueden ir al baño solos y no dejan de llorar". Pero denuncia que se le está poniendo todo muy cuesta arriba para salir adelante y que ninguna institución salvo el Ayuntamiento azudense, comandado por el socialista José Luis Blanco, que va a pagar los tres primeras cuotas mensuales de la vivienda alquilada, está ofreciendo ayuda a la familia.

Sin ingresos y con una hipoteca de la "casa maldita"

David atiende la llamada de EL DIGITAL cuando acaba de solicitar la pensión de orfandad de sus dos hijos, las otras víctimas directas del terrorismo machista que salpica cada semana todos los rincones del país. Está indignado porque la Guardia Civil, tras el suceso, le entregó un documento en el que le aseguran que como víctima indirecta de la violencia de género tendría derecho a cobrar una prestación por desempleo. Sin embargo, la realidad ha sido diferente: "Yo me vi obligado a dejar mi trabajo en Amazon, donde estaba contratado a través de la empresa Manpower para reiniciar una vida junto a mis hijos en Azuqueca, y en el paro me dicen que al haber dejado mi puesto voluntariamente no tengo derecho a ninguna prestación. Lo que ocurre es que yo no dejé mi trabajo por gusto sino por necesidad, para atender a mis hijos".

Además, David tiene que seguir haciendo frente a la hipoteca de la vivienda de la calle San Miguel donde ocurrieron los hechos el pasado 28 de febrero. "Esa casa era propiedad de Arancha y mía al 50 por ciento, así que ahora me tengo que hacer cargo de la hipoteca íntegra, que son más de 500 euros al mes". Y, por supuesto, no contempla la posibilidad de regresar allí con sus hijos, que presenciaron el asesinato. "Mis hijos no pueden volver allí. Después de matar a Arancha en el baño, ese hombre salió y le dijo al niño que había matado a su madre. ¿Cómo vamos a volver allí si vieron el charco de sangre? Ellos dicen que es la casa maldita. Por ahora sigue precintada por la Guardia Civil, pero cuando ya no lo esté va a seguir siendo inhabitable para nosotros".

David, de hecho, ha acudido a la oficina bancaria en la que firmó la hipoteca para negociar algún tipo de solución. Y no ha encontrado, según su versión, ningún tipo de colaboración. "Ofrecí al director una dación en pago y me dijo que eso no lo contemplan. También le panteé una quita de la deuda para saldar la hipoteca si logramos malvender en unos meses la casa y me dijo que no. Y tampoco quisieron negociar un aplazamiento de la deuda para que pueda estar unos meses sin ese gasto hasta que solucione lo del paro o encuentre otro trabajo". Según el testimonio de David, que se considera "una víctima indirecta de la violencia de género" pero "sin derechos", el director de la oficina bancaria solo le ofreció una alternativa que rechazó: ampliar a 35 años el plazo de la hipoteca firmada para que las cuotas mensuales fuesen más bajas.

Ahora David se encuentra sin trabajo y sin prestación por desempleo pero con una hipoteca que pagar pese a que corresponde a una casa que no va a poder volver a disfrutar junto a sus hijos tras el crimen del pasado 28 de febrero. Por eso, solo pide a las instituciones "un alquiler social" para iniciar una nueva vida junto a sus hijos Aitana y Eduardo. Mientras, confía en que pronto la situación se normalice y pueda dedicar algo de tiempo a encontrar otro trabajo. "Tengo 15 años de experiencia en el sector de la logística y la zona del Corredor del Henares tiene muchas empresas del sector", dice con esperanza.

Sin embargo, sus últimas palabras sirven para que la sociedad y las instituciones reflexionen sobre el terrible drama familiar que, más allá de la insuperable pérdida de una madre, ocasiona un crimen machista: "Se hacen muchos homenajes a las víctimas y los políticos se ponen muchos lazos morados, pero a la hora de la verdad nadie nos ayuda". Cabe plantearse si se está abordando de manera correcta e integral esta lacra contra la que, al menos hasta el momento, no se está luchando de manera lo suficientemente efectiva a la vista de las insoportables cifras de víctimas que se hacen públicas cada año.