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Guadalajara ANTE LA PROLIFERACIÓN DE CASOS EN ESPAÑA

La Fiscalía abre una investigación por los incendios en plantas de reciclaje en Castilla-La Mancha y otras regiones

7 marzo, 2018 13:19

La Fiscalía de Medioambiente y Urbanismo ha abierto una investigación para determinar las causas de "la proliferación" de los incendios en plantas de gestión de residuos en casi todas las comunidades autónomas durante los últimos meses, entre ellas en Castilla-La Mancha. La apertura de diligencias de la Fiscalía se produce tras la petición formal presentada en diciembre pasado por Equo, ha informado hoy esta formación ecologista en un comunicado.

En una carta, la Fiscalía confirma al co-portavoz de Equo, Juan López de Uralde, la apertura de esta investigación tras su denuncia sobre "los numerosos incendios que se vienen produciendo en los últimos meses en plantas de gestión de residuos", especialmente en plantas dedicadas al reciclaje de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos.

A juicio de los ecologistas resulta también "sorprendente la evolución ascendente del número de fuegos" 10 en 2012, 17 en 2013, 12 en 2014, 18 en 2015, 32 en 2016" y más de 50 en 2017. Desde la formación verde consideran la decisión de la Fiscalía como "una buena noticia", pues esperan que la indagación "llegue hasta el final y puedan clarificar qué intereses hay detrás de estos numerosos fuegos", señala López de Uralde en el comunicado.

"Cuando son provocados, los incendios en plantas de residuos son un crimen ambiental porque contaminan gravemente la atmósfera poniendo en riesgo la salud de los vecinos y vecinas", recuerda. El co-portavoz de EQUO Madrid y diputado regional, Alejandro Sánchez, asegura también que se está eludiendo la responsabilidad y que "las administraciones miran para otro lado".

En su opinión, el Estado debería controlar el "tráfico de residuos peligrosos" puesto en evidencia, por ejemplo, en incendios como el de la planta de Chiloeches en Guadalajara (Castilla-La Mancha), según declaró a los medios en diciembre. En este sentido, Sánchez se quejó de casos en los que se "cobra por gestionar los residuos tóxicos" y, en vez de realizar esta tarea, son trasladados a escombreras, por lo que "se ahorran una cantidad importante de dinero", algo que tachó de "negocio peligroso".