La Junta rebaja su petición de cárcel a seis jóvenes que ocuparon un pueblo abandonado para repoblarlo

La acusación particular ejercida por la Junta de Castilla-La Mancha ha rebajado, a dos años, la petición de cárcel para los seis jóvenes que han sido este viernes juzgados en Guadalajara por ocupar, rehabilitar y repoblar sin autorización el pueblo abandonado de Arroyo de Fraguas (Guadalajara). 

En un principio, dicha acusación solicitaba cuatro años y cuatro meses de pena para cada uno de los acusados por los delitos de usurpación, daños y delito contra la ordenación del territorio y, finalmente, ha retirado el delito de daño por lo que la pena final solicitada es de dos años de cárcel y que supone, en caso de ser condenados, que no entren en prisión. La rebaja en la petición de la pena se ha realizado esta tarde, en las conclusiones del juicio, según ha señalado a Efe el delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, que ha valorado de forma satisfactoria.

"Estamos satisfechos con la actuación de la letrada, que coincide con la de la Fiscalía, y creo que, aún reiterando que lo que realizaron fue una ocupación ilegal, considero que la clave de la justicia está en la proporcionalidad", ha señalado Rojo, quien ha opinado que "debe haber consecuencias" ante una actuación ilegal como es la ocupación del monte público, aunque ha reconocido que "la petición inicial de penas no se ajustaba en proporción al daño causado".

En este sentido, ha señalado que este procedimiento judicial se produjo en 2013, con el anterior Gobierno presidido por María Dolores de Cospedal, y "partía de una petición desproporcionada que ahora ha derivado en estas consecuencias" por lo que se ha congratulado por la rebaja solicitada.

Ha reiterado en que "no denunciar esta situación ilegal sería estar incurriendo en un delito de prevaricación", además de crear precedente para situaciones similares en espacios protegidos. "A nadie se le ocurriría ver una situación similar en Doñana o en los lagos de Covadonga", ha precisado Rojo.

Seis acusados

Los seis acusados, cuatro hombres y dos mujeres, pertenecen a la Asociación Repobladores rurales de la Sierra Norte y desde 2013 trabajan en la rehabilitación de Fraguas, un antiguo núcleo poblacional, hoy perteneciente al municipio de Monasterio, en Guadalajara, pero sin la correspondiente autorización, lo que motivó la denuncia de la Junta de Castilla-La Mancha y que se hayan sentado en el banquillo.

Los acusados han defendido ante el juez que en ningún caso su proyecto pretendía destruir la naturaleza sino, por el contrario, cuidarla, reconstruir la zona y permitir que fuera nuevamente repoblada.