El Ayuntamiento de Yebes y Valdeluz (Guadalajara) ha perdido la potestad de nombrar al juez de paz del municipio y, en su caso, deberá hacerlo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Según ha informado el PP mediante una nota de prensa, "así lo ha decidido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha declarado ‘ilegal’ el nombramiento –acordado en Pleno y realizado por el alcalde- de la juez de paz sustituta, por ser la esposa de uno de los concejales que integran la Corporación presidida por el socialista Miguel Cócera, y además, haber formado parte de la candidatura de UPyD en la elecciones municipales". "El CGPJ ordena también el cese fulminante de esa juez de paz sustituta", aseguran los 'populares'.

“El Poder Judicial deja bien claro que no se puede ser juez y parte”, apuntan desde el Partido Popular de Yebes y Valdeluz, que califican de “muy grave” la decisión adoptada por el equipo de Cócera, “con el voto y el apoyo del concejal de Deportes, que debía haberse ausentado de la sesión en el momento de la votación, teniendo en cuenta que se estaba nombrando juez de paz a un familiar directo suyo. El alcalde no solo no advirtió del problema sino que pasó a formar parte de él por su demostrada incompetencia”.

Los 'populares' consideran que la resolución del Consejo General del Poder Judicial es un “duro revés” para el Ayuntamiento y también para su regidor, al que responsabilizan directamente de “haber cometido esta nueva tropelía” y de estar llevando a cabo la “peor gestión nunca vista en Yebes y Valdeluz”. 

Desde el PP señalan que fueron sus concejales quienes, al detectar el ‘error’ en el nombramiento del juez de paz sustituto, pusieron los hechos en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que “ante la gravedad de la situación remitió el expediente al Consejo del Poder Judicial". "Ahora, el órgano supremo de los jueces de España ha resuelto que aquel nombramiento de juez paz fue ilegal”, explican.

Además del cese inmediato de la juez de paz sustituta, el CGPJ califica los hechos de “muy graves”, con lo que la decisión podría llevar aparejada una sanción entre 6.000 y 60.000 euros, por haberse presentado para el cargo a pesar de ser miembro de una formación política.