El Ayuntamiento de Guadalajara irá al Supremo para que la Junta rehabilite un emblemático edificio

El Ayuntamiento de Guadalajara instará al Tribunal Supremo la ejecución de la sentencia que obliga a la Junta de Castilla-La Mancha a rehabilitar las naves del Fuerte de San Francisco. En concreto, lo hará la semana que viene, después de que este viernes los servicios jurídicos municipales hayan mantenido una nueva reunión sobre el asunto.

El vicealcalde de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha advertido de que si no se pone freno al abandono que presentan las naves de forma urgente, en muy poco tiempo, "no sólo no podrán pasar las inspecciones técnicas de edificios, sino que estarán en situación de ruina".

Carnicero ha denunciado "el incumplimiento por parte de la Junta" de las sentencias avaladas por el Tribunal Supremo, a las cuales "está haciendo caso omiso". Como consecuencia de ello, las cubiertas "se están cayendo, las humedades siguen creciendo y continúa la vandalización de determinados espacios que están catalogados como Bienes de Interés".

El Ayuntamiento de Guadalajara ha exigido, de este modo, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que cumpla "con su obligación y su responsabilidad". "La paciencia tiene un límite y se nos ha agotado".

"Es una verdadera pena que por culpa de la inacción del Gobierno que preside Emiliano García-Page y cuyo delegado es Alberto Rojo, Guadalajara no pueda disfrutar de un espacio que podría estar siendo utilizado por las asociaciones culturales, de vecinos y juveniles de la ciudad. Se les está privando a los guadalajareños de su derecho a disfrutar de un espacio que es suyo", ha argumentado.

El vicealcalde ha lamentado que el Ayuntamiento de Guadalajara tenga que dirigirse al contencioso-administrativo. "No conozco que ninguna administración tenga que ejecutarle una sentencia a otra administración, y es verdaderamente triste. Pero lo que sería más triste es que el Ayuntamiento de Guadalajara no defendiese los intereses de sus vecinos".

Por ello, ha asegurado que van a exigir el cumplimiento de la sentencia judicial y la primera medida que debe adoptarse "es que se realicen las actuaciones mínimas para garantizar la integridad de los edificios".