Al conocido alcalde de Azuqueca le surge otro frente relacionado con el gasto

El grupo municipal de IU de Azuqueca de Henares (Guadalajara) lleva meses solicitando al gobierno municipal de José Luis Blanco la documentación sobre las contrataciones de abogados y procuradores a cargo del Consistorio desde el año 2011 hasta la fecha actual. Sin embargo, la respuesta que se obtiene es el silencio, según la nota de prensa emitida por IU.

La portavoz de la formación de izquierdas, María José Pérez Salazar, afirma la desgracia que supone el hecho de que los alcaldes todavía no hayan asimilado la importancia democrática que tiene la transparencia, y muy especialmente, en las contrataciones.

En el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, desde el año 2011, cuando era alcalde Pablo Bellido hasta la actualidad, la designación de profesionales para la representación y defensa del Ayuntamiento en juicio, se viene designando mediante Decreto de la Alcaldía, sin que previamente se hubiese tramitado el correspondiente expediente de contratación, y en consecuencia, sin que haya mediado jamás una adjudicación previa del contrato de servicio para la representación y defensa. Esto es lo que coloquialmente se conoce como contrataciones a dedo.

En consecuencia, la designación de Letrado para la defensa, y de Procurador para la representación se viene realizando sin previo procedimiento de contratación, camuflándolas bajo la regulación del contrato menor de servicios (valor estimado inferior a los 15.000 euros), cuando el número de procedimientos judiciales en los que el Ayuntamiento ha designado a estos profesionales, superan con creces este importe.

Según IU, "el Gobierno de Blanco nos engaña con sus presupuestos. En ellos consigna siempre la misma cantidad, 30.000 euros al año para gastos jurídicos de la Administración general, mientras que la cantidad real que pagamos por estos servicios oscila entre los 120.000 a 140.000 euros anuales y que oculta al conjunto de la ciudadanía porque se niega a colgar en el portal de transparencia la ejecución presupuestaria. A estas desorbitadas cifras jamás les ha acompañado ningún informe que justificara la modificación de la partida presupuestaria".

Para Pérez, este Gobierno municipal actúa "con total desfachatez al vulnerar reiteradamente el derecho que tenemos como concejales a obtener todos los antecedentes, datos e informaciones que obren en poder de los servicios de la Corporación para el desempeño de nuestro cargo (art. 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local), porque el señor Blanco considera que su mayoría absoluta se lo permite. Esta es la forma que tiene de entender la democracia. Pero más grave aún es que con el dinero público, con el dinero de los contribuyentes, contrata el servicio de representación y defensa en juicio al margen de los procedimientos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es decir, que los designa a dedo. Algo que no puede negar porque existen informes del Departamento de Secretaría que así lo afirman".

Desde IU advierten que emprenderán las acciones legales pertinentes "para hacer valer nuestros derechos, para garantizar la transparencia en la contratación y para evitar que gaste el dinero de los contribuyentes a capricho, finaliza la portavoz de IU".