La Junta reacciona a la grave denuncia ecologista: "No nos va a temblar el pulso si hay que actuar"

El consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, ha aseverado que no le consta que haya residuos industriales peligrosos procedentes de Navarra en Sigüenza (Guadalajara), en referencia a la denuncia de Ecologistas en Acción en torno a estos hechos, ha pedido rigor para no crear alarmas injustificadas y ha asegurado que no les "temblará el pulso" si tuvieran que actuar.

El consejero ha recordado que en Castilla-La Mancha, al igual que en otras regiones, hay plantas que se dedican a la gestión de los residuos pero asegurando que estos "no viajan de una a otra comunidad haciendo turismo, sin estar controlados, en absoluto" y ha subrayado que desde el Gobierno regional se realizan todas las inspecciones que marca la ley en todas las plantas.

En este sentido, ha insistido en que desde la Junta "se hacen los deberes" y que "no existen residuos peligrosos" que le consten, trasladando tranquilidad a todos los vecinos de Sigüenza y de la comarca porque el Gobierno regional "hace los deberes, igual que se hacen en otras plantas".

"No nos va a temblar el pulso a la hora de actuar si hay que hacerlo", ha aseverado con la esperanza de que "pronto" puedan contar ya con unas tasas para que quienes quieran albergar residuos en algún vertedero paguen por ello, algo que cree que puede funcionar como "efecto disuasorio" ante este tipo de hechos, tras recordar que ya pudieron haberse puesto en marcha en anteriores gobiernos pero que ha sido el de Emiliano García-Page el que lo va a llevar a cabo.

Ha asegurado también que desde el Gobierno regional se toman "muy en serio" la gestión de los residuos, comentando cómo desde el año 2016 se han dotado de un plan de tratamiento integral de los mismos con una inversión de más de 24 millones de euros.

También ha hecho referencia a la reciente aprobación de la Ley de Economía Circular, la primera en toda España, y ha apuntado cómo gracias a ella se van a aprobar las denominadas tasas de vertidos para los residuos peligrosos, no peligrosos e inertes, insistiendo en que ya está en manos de los servicios jurídicos para que, cuanto antes, se ponga en marcha.