Se desvela que el Ayuntamiento de Guadalajara ya cobró 450.000 euros por el polémico vertedero que ahora nadie quiere

El Ayuntamiento de Guadalajara suscribió un convenio de colaboración con la empresa Cespa en el 2009, cuando era alcalde Antonio Román, para la puesta en marcha de centros de tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCDs) y no peligrosos (RNPs) de origen industrial en el 2009 y ya ha recibido un total de 450.000 por el mismo.

El acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, fue suscrito por el anterior alcalde y Juan Díez en representación de la empresa, y según se recoge en el mismo, valorado positivamente por el consistorio no solo por los ingresos que reportaría directa e indirectamente sino por formar parte de las políticas que impulsan "un modelo económico encaminado a lograr un desarrollo sostenible".

En dicho convenio, que se refiere a la misma parcela en la que hoy la empresa quiere usar para el vertedero, la empresa ya manifestó su voluntad de concretar un mecanismo económico que compensara al municipio de Guadalajara y el Ayuntamiento se comprometía, por su parte, a impulsar la tramitación del correspondiente administrativo y a "apoyarlo" ante las correspondientes administraciones.

Además, en el mismo se recogía también el compromiso del Ayuntamiento a que, "una obtenidos todos los informes y autorizaciones exigibles y acreditado el cumplimiento de la normativa aplicable, a conceder las licencias que sean de su competencia", señala dicho acuerdo.

Dinero para el ayuntamiento

Según el mismo, la empresa tendría que satisfacer anualmente al consistorio el 10% de los ingresos obtenidos, siendo la primera aportación, correspondiente ya a 2009, de 160.000 euros, a la que también se han sumado ya otros 290.000 euros correspondientes a la anualidad de 2010, lo que suman hasta el momento un total de 450.000 euros.

Así, a estas cantidades se aplicará dicho porcentaje del 10% de los ingresos en base a los residuos que vayan entrando pero, en todo caso, alcanzará la cifra mínima de 150.000 euros mientras el contrato esté vigente, tal y como indica dicho convenio.

Manifestación en contra

Por otro lado, para el próximo 22 de marzo hay convocada una manifestación contra este proyecto en Guadalajara, apoyada no solo por los tres municipios iniciales que se han manifestado en contra (Yunquera, Fontanar y Málaga del Fresco) que forman parte de la Plataforma de Afectados por la Planta de Residuos sino que esperan contar con el apoyo de otras localidades del entorno como Cabanillas del Campo o Malaguilla, Tórtola, Torre del Burgo, entre otros.

Este proyecto se paralizó temporalmente en el 2018 pero de nuevo ha sido retomado por la empresa, lo que hizo saltar la voz de alarma en estos municipios colindantes y en Ecologistas en Acción.

Desde Yunquera, aunque saben que las alegaciones que puedan presentar ahora estuvieran fuera de plazo, su alcalde, Lucas Castillo (PP), ha declarado a Europa Press que ellos tienen intención de alegar porque sus servicios jurídicos les han reconocido que, independientemente de plazos, pueden hacerlo porque "si tienen razón, la tienen".

Lo que quieren estos municipios es que el proyecto "se repiense" y que se ubique en otro sitio porque "teniendo una región tan amplia y con la Ciudad del Transporte al lado" no es lógico porque puede poner en peligro la generación de puestos de trabajo, convencido de que esto es otra forma de "ver morir los pueblos", ha concluido el alcalde de Yunquera.

Fuentes municipales del Consistorio guadalajareño consultadas aseguran que al equipo de Gobierno actual "no le gusta nada este proyecto" que rechazan como propio en todo momento y confirman que siguen buscando documentación relacionada.