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Twitter deniega a un juzgado de Guadalajara datos de activistas al estar protegidos por la Constitución de EEUU
Twitter ha denegado al Juzgado de Instrucción nº1 de Guadalajara los datos personales y las direcciones IP's asociadas a la cuenta del nodo local de esta ciudad, al advertir desde la empresa radicada en Estados Unidos que "la naturaleza del delito no les permite aportar la información requerida", según ha informado al Juzgado la Unidad de Delitos Especializados y Violentos (UDEV) de la Policía Nacional en un informe fechado en febrero de 2020.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara, han señalado que "este Juzgado de Instrucción, a cargo de la jueza Cristina Vicenta Guerra Pérez, inició una investigación penal contra varios activistas de la PAH, a partir de la difusión en redes sociales de las imágenes de los miembros de una Comisión Judicial que, en marzo de 2019, estaban desahuciando a dos jóvenes y un bebé de pocos meses que habían ocupado una vivienda en el Barrio del Alamín de esta ciudad".
Según han indicado, la jueza admitió a trámite una denuncia del Servicio de Ejecuciones de los juzgados de Guadalajara y, además, dictó una medida cautelar consistente en que "se abstengan en lo sucesivo de volver a publicar fotos de los integrantes de la Comisión Judicial" así como de realizar comentarios "similares" respecto al desempeño de su función en esta actuación, todo ello bajo apercibimiento de imputar "un delito de desobediencia".
En la causa, donde hay ya "al menos dos activistas investigados", el juzgado requirió a Twitter datos personales que a juicio de la red social "no cumplen con los requisitos mínimos para su acceso, ya que al tener esta empresa su sede social en Estados Unidos, los datos requeridos están protegidos por la Primera Enmienda de la constitución norteamericana, que establece la libertad de culto, de expresión, de prensa, petición y de reunión".
La Plataforma ha explicado que "la cautelar que adoptó la jueza provocó un terremoto en las redes sociales, ya que diputados y periodistas alertaron de lo que este tipo de resoluciones suponían a la libertad de expresión y, ahora Twitter, empresa que no es sospechosa de simpatías hacia este derecho, parece estar alarmada por el cariz que toman determinadas resoluciones judiciales".
Además, "el juzgado, como consecuencia de esto, tiene abierta otra investigación paralela sobre 15 usuarios de redes sociales de toda España que hicieron comentarios sobre esta noticia y a los que se les acusa de "injurias" contra la jueza". Algo que, según han comentado, "es paradójico al tener que haber sido una Constitución extranjera la que sirva, al menos en este caso, para proteger la libertad de expresión en España".
