La Junta, al Defensor del Pueblo tras cerrar un colegio en Guadalajara

El portavoz del Partido Popular en Torrejón del Rey, José Carlos Albares, ha recurrido al Defensor de Pueblo para formular una queja relacionada con el derecho fundamental a la Educación, concretamente sobre las condiciones de escolarización en el municipio tras el cierre decretado por la Junta de Comunidades del CEIP Señorío de Muriel y su fusión con el centro Las Candelas, concentrando una gran cantidad de alumnos en las instalaciones de este último.

Según ha informado el PP en una nota de prensa, con esta decisión concentrarán a más de 450 alumnos de infantil y primaria en un colegio diseñado hace más de 20 años, para un número de alumnos mucho menor, y con barracones instalados desde el inicio del curso 2019/2020, lo que evidencia la falta de capacidad y adecuación de las instalaciones educativas.

Además, denuncia el PP, en el nuevo IESO de Torrejón del Rey ubicarán a más de 400 alumnos de secundaria en unas instalaciones que hasta este curso usaban 200 alumnos de infantil y primaria, sin que desde el Gobierno Regional hayan planificado ningún tipo de ampliación ni construcción de edificios aledaños.

Albares ha señalado que la decisión de recurrir al Defensor de Pueblo viene motivada por la falta de transparencia e información del Gobierno regional en todo este proceso “que nos ha obligado a pedir amparo a este organismo ante la dejadez de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.

Durante los últimos meses, ha explicado, los padres y madres de los alumnos del nuevo Colegio y del futuro IESO, preocupados por la situación, agravada además por el Covid19, han reclamado en reiteradas ocasiones información a Educación sobre los planos de los colegios, los planes de evacuación de los centros, los certificados de homologación de las aulas prefabricadas en las que han estudiado los alumnos de enseñanza secundaria, las dimensiones del nuevo instituto, si tendrá o no bachillerato y Formación Profesional o la información de los proyectos de reforma de los nuevos colegios e instituto, entre otras cuestiones, “y no se les ha facilitado ninguna información ni aclaración”.

En todo este proceso “ha faltado transparencia e información cuando lo que está en juego es la educación de los menores y las condiciones en las que se pretende impartir el próximo curso escolar 2020/2021”. El portavoz popular ha asegurado que la administración regional “ha incumplido la legislación vigente en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Por todo ello, Albares ha elevado la queja ante el Defensor del Pueblo solicitando que sea atendida y se proceda a supervisar la actividad de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha en todo este proceso “en el que está en juego el derecho a la educación y el derecho a la salud de los menores en plena pandemia del Covid19”.