Un juzgado de Toledo ha ordenado a la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha devolver al responsable del Sector Autonómico de la FSC-CCOO Castilla-La Mancha, Ramón González, los 500 euros con los que le sancionó en 2012 como responsable de una concentración contra el despido de interinos.

La sentencia, de la que ha informado CCOO en un comunicado, ha considerado que la Delegación del Gobierno impidió a Ramón González defenderse de esa acusación, "le privó de medios de defensa" y le impuso la sanción sin abrir periodo probatorio y sin practicar las pruebas testificales reclamadas por el responsable sindical.

Por ello, el juzgado ha estimado el recurso interpuesto por González contra la resolución de la de Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, de 1 de febrero de 2013, mediante la que se le impuso la sanción de 500 euros "por infracción grave en materia de Protección de la Seguridad Ciudadana".

Además, el juez ha declarado la nulidad de la resolución recurrida, y, por tanto, ordena la devolución a González de los 500 euros y condena en costas al Ministerio del Interior.

La sentencia ha apuntado que, en su afán por sancionar al responsable de CCOO, la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha infringió su derecho de defensa, al dictar su propuesta de sanción sin abrir primero el periodo probatorio y sin realizar la práctica de prueba testifical de dos testigos reclamada por Ramón González.

El magistrado ha subrayado que "resulta claro que la prueba testifical propuesta por el recurrente era completamente pertinente y la Instructora del expediente debió admitirla y practicarla en debida forma".

Al no hacerlo, "causó indefensión al interesado" y "a la vista de la reiterada jurisprudencia constitucional, vulneró su derecho de defensa".

Sumaban en total 3.000 euros

CCOO ha valorado esta sentencia, que supone la anulación de la sexta y última de las seis sanciones impuestas a Ramón González por el entonces delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, por su implicación y liderazgo en las movilizaciones de los internos de la Junta contra los despidos promovidos por el Gobierno regional presidido por María Dolores de Cospedal.

Todas esas sanciones, que sumaban en total 3.000 euros, han sido anuladas, algunas en la fase administrativa y otras en la judicial, por lo que la Administración ha tenido que devolver al sindicalista el importe de las sanciones y, en su caso, abonar además las correspondientes costas judiciales.

"En su afán por reprimir las lógicas, legítimas y más que justificadas movilizaciones de los trabajadores interinos en defensa de sus puestos de trabajo, a Labrador no le importaba saltarse a la torera una y otra vez el Estado de Derecho, eludiendo las más elementales garantías constitucionales y atropellando derechos tan básicos como el derecho de defensa", ha denunciado González.