Anuncian acciones legales contra Álvaro Gutiérrez y le dicen una cosa bastante fea

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Toledo, Jaime Ramos, ha denunciado este viernes "un nuevo ejemplo del sectarismo radical del Gobierno de la Institución provincial que preside Álvaro Gutiérrez", que ha repartido en la última Junta de Gobierno del pasado año 2017, "más de 1,3 millones de euros entre los ayuntamiento de los partidos que sustentan al Gobierno provincial", del total de 1,5 millones de euros repartidos a través de convenios sin convocatoria pública y que, por tanto, Gutiérrez da "a dedo a sus afines".

Ramos ha explicado que, "frente a esos montantes millonarios", los ayuntamientos gobernados por el PP, que son el 45 por ciento de los municipios de la provincia, "sólo recibieron el 10 por ciento del dinero repartido", según ha informado el Partido Popular en una nota de prensa.

"Una nueva golfería que ataca la igualdad entre los pueblos de la provincia y pone de manifiesto el partidismo con el que Gutiérrez gobierna en la Diputación, donde el dinero se reparte en función del color político de quienes dirigen un ayuntamiento y no las necesidades reales de cada municipio", ha dicho Ramos.

El portavoz 'popular' ha lamentado que el Gobierno de la Diputación de Toledo "no podía haber terminado peor el año" y ha denunciado que son precisamente el presidente Álvaro Gutiérrez y sus vicepresidentes "los que se llevan más dinero a sus municipios, casi 300.000 euros con los que a los pueblos de los máximos responsables del gobierno les ha tocado un año más la lotería de Navidad, como ya pasó en la última Junta de Gobierno del año 2016".

El también alcalde de Talavera de la Reina ha asegurado que el Grupo Popular, "que es el mayoritario en la Diputación de Toledo", no va a consentir que Gutiérrez siga haciendo y deshaciendo a su antojo en la Institución provincial como si fuera su cortijo", por lo que ha anunciado que se van a estudiar acciones legales para denunciar "esta forma totalmente partidista y sectaria de repartir los fondos, con lo que se discrimina a los municipios en función de a quien votan sus ciudadanos".