El tremendo pulso entre el marido de una ex concejala toledana y dos ediles acaba en querella

Ana Rosa Yepes, ex concejal del Partido Popular de Yuncos, ha anunciado la interposición por parte de su marido, trabajador del Ayuntamiento de la localidad toledana, de una querella criminal contra dos concejales del actual Equipo de Gobierno del PSOE, Pablo Mora y Deborah Delgado, por presuntos delitos contra la integridad moral, prevaricación y desobediencia al cumplimiento de resolución judicial, por la que están citados a declarar el próximo día 15 de febrero en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7 de Illescas.

El PP, mediante una nota de prensa, ha informado de que la querella "se interpone tras confirmar la justicia, con varias decisiones consecutivas, que ha habido una auténtica persecución laboral" contra el trabajador, cuyo despido tras más de 15 años de servicio en el Ayuntamiento como trabajador municipal "fue declarado nulo por la Justicia, obligando a su readmisión". "Una readmisión que intentaron evitar con la presentación de una denuncia acusándole de delitos que los juzgados han confirmado que eran absolutamente falsos", añaden los 'populares'.

En concreto, el Juzgado de Instrucción número 6 de Illescas ha confirmado el archivo del procedimiento penal iniciado por el actual equipo de gobierno del PSOE contra el marido de la ex concejala del PP, confirmando así que “la única motivación de este proceso ha sido siempre la venganza personal iniciada por los concejales actuales del Consistorio contra la citada ex concejal del PP y su esposo”. Según explica la ex teniente de alcalde de Yuncos, con esta decisión del Juzgado "se desestima el recurso del Ayuntamiento contra el archivo previamente decretado, que determina la falta de fundamento de la querella interpuesta contra él por supuesto delito de apropiación indebida y malversación de caudales, que se interpone con el único objetivo de despedir a un trabajador al que la propia Justicia había obligado a readmitir".

El conflicto laboral, según recuerda el PP, daba comienzo al principio de la legislatura, tras el despido de este trabajador por el nuevo Equipo de Gobierno y después de que el Juzgado de lo Social, por sentencia de fecha 13 de septiembre de 2016, decretara la nulidad del despido, por no obedecer a las circunstancias objetivas en los que el Ayuntamiento basó la extinción del contrato de trabajo, sino únicamente en su condición de esposo de una concejal del PP, afectando a su dignidad y a sus derechos fundamentales.

Esta Sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Sin embargo, lejos de cumplir con la obligada readmisión del trabajador a la que le condenaba la Sentencia, el Ayuntamiento "insistió en su actitud vengativa, no reintegrando al trabajador en las mismas condiciones que tenía previamente al despido", según el PP.

"Fue entonces cuando el Ayuntamiento procedió a suspender de empleo y sueldo al trabajador, por supuesta infracción grave, motivando ésta en la misma circunstancia que propicia el archivo por el Juzgado de Instrucción. Este supuesto perjuicio patrimonial infundado, basado en un informe que denominaban auditoría y que realizó una entidad privada, analizando documentos aportados por el propio equipo de gobierno actual. Es decir, resulta ser una auditoría viciada desde su origen", finaliza el comunicado.