Cuatro detenidos en dos pueblos de Toledo por drogas, blanqueo, armas y falsificación

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Navieros', ha desarticulado un grupo delictivo especializado en el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. En la operación han sido detenidas en las localidades toledanas de Huerta de Valdecarábanos y Yepes, cuatro personas por estos delitos, así como por tenencia ilícita de armas, falsificación de documentos y usurpación del estado civil. Asimismo, se ha investigado a otra más en Valencia.

Se han practicado cuatro registros domiciliarios donde se han incautado 115.000 euros, 1.200 kilos de elementos precursores para la elaboración y corte de la cocaína, armas blancas, cocaína, proyectiles del calibre 44, documentación relativa al tráfico de drogas y autorizaciones falsas para poder desplazarse durante el pasado estado de alarma.

La operación se inició a raíz de la operación 'Mascaraque', desarrollada el pasado año, donde cinco personas fueron detenidas por delitos de tráfico de drogas y se incautaron 26 kilos de cocaína que habían ocultado en un cargamento de piñas procedentes de República Dominicana, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Fruto de la actuación contra este grupo delictivo, los investigadores llegaron hasta otra organización que actuaba de una forma paralela y que estaba establecida en la localidad de Huerta de Valdecarábanos.

Los agentes centraron la investigación en un hombre con domicilio en esta localidad, el cual utilizaba empresas a su nombre y otras administradas supuestamente por personas con las que mantenía amistad, ya que realmente eran controladas por él. De esta forma realizaba las importaciones de cocaína, que se ocultaba en cargamentos de mercancía legal.

Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron constatar que el principal sospechoso utilizaba a personas que trabajaban bajo su mando para ingresar dinero en efectivo en estas empresas y posteriormente transferirlo a Colombia o Ecuador simulando pagos de la mercancía legal que adquiría, pero con un precio hasta cinco veces más alto que el de mercado.

Fruto de la cooperación internacional, el pasado año la Policía Nacional de Ecuador intervino un cargamento de cáscara de cacao que ocultaba 32 kilos de cocaína y que tenía como destino una empresa que administraba esta persona.

Para evitar que se le relacionara directamente con este hecho, se desvinculó rápidamente de la empresa ante notario utilizando la identidad de otra persona.

FACTURACIÓN FALSA
Durante esta investigación los agentes identificaron en el Puerto de Valencia a la persona que colaboraba con él de forma estrecha, el cual tenía una doble misión: emitía facturas falsas de las supuestas compraventas de la mercancía importada por parte de las empresas investigadas para justificar los pagos tan elevados y, por otro lado, buscaba compradores para el género a precios muy bajos para poder deshacerse de la mercancía rápidamente.

Además de estos ilícitos, el investigado controlaba, a través de un familiar, el menudeo de venta de cocaína en la comarca de Ocaña, donde contaba con un grupo de personas que vendía una media de 500 gramos de cocaína semanales en las localidades de Huerta de Valdecarábanos, Yepes, Ciruelos, Dos Barrios y Ontígola.

El abastecimiento de la droga lo realizaban dos personas semanalmente, y el cobro lo hacía personalmente el principal investigado.

Una vez analizada toda la información obtenida se procedió a explotar la operación, momento en que se detuvo al principal sospechoso cuando se dirigía al lugar de ocultación de la droga, un garaje en la localidad de Huerta de Valdecarábanos. Seguidamente, se llevó a cabo cuatro registros, tres de ellos en la misma localidad y uno en Yepes, donde se detuvo a otras tres personas.

A los detenidos se les imputan los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, usurpación del estado civil y falsificación de documentos.

La operación ha sido llevada a cabo por el Área Regional de Vigilancia Aduanera de Castilla-La Mancha, junto con el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ocaña (Toledo).