Protestas en Toledo por "un convenio digno" para los trabajadores de residencias privadas
El próximo martes, 28 de septiembre, llevarán a cabo una concentración frente a la Consejería de Bienestar Social.
21 septiembre, 2021 14:53CCOO ha convocado una concentración el próximo día 28 frente a la Consejería de Bienestar Social, en Toledo, que será la primera de una serie de movilizaciones que tienen previsto llevar a cabo en los próximos meses. Van a exigir "un convenio digno" en el sector privado de atención a la dependencia, cuyos salarios en el caso de algunas categorías profesionales no llega ni al Salario Mínimo Interprofesional.
Así lo han denunciado este martes en rueda de prensa la secretaria regional de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Chelo Cuadra, y la responsable de dicha federación en Toledo, Toñi Márquez. Han explicado que la situación en la que se encuentra este sector, que se rige por el convenio estatal de la dependencia y que la patronal lleva sin renovar desde el año 2019, afecta a unos 15.000 trabajadores en la región, la mayoría mujeres, y a 300 centros.
Cuadra ha criticado la actitud "inmovilista e irresponsable" de la patronal del sector privado a lo largo de los últimos años a la hora de mejorar las condiciones laborales de este sector, "que tan mal lo ha pasado durante la pandemia". Remarca que entre sus trabajadores cada vez es más creciente el deseo de irse a otros sectores como la hostelería.
Evolución salarial
Entre las razones que pueden justificar esto, la secretaria regional de Sanidad de CCOO se ha referido al análisis que este sindicato ha hecho de la evolución salarial en el sector, el cual muestra que desde el año 2010 hasta la actualidad, la subida media salarial ha sido de 8 euros, para las categorías de limpiadoras, pinches y gerocultoras. Su retribución base está en 903 euros, con lo cual no llega ni al salario mínimo interprofesional.
También ha resaltado que, después de 2010, que fue el año de mayor aumento salarial, concretamente de un 5 por ciento, desde 2013 a 2016 hubo congelación salarial, en 2018 hubo una subida del 1,6 por ciento y desde 2019 están suspendidas las mesas de negociación.
"Ha llegado el momento de dar un golpe en la mesa", ha indicado Cuadra, quien ha recalcado que, aunque el convenio en este sector sea de ámbito estatal, en la situación que viven los trabajadores de las residencias privadas tienen "una responsabilidad directa" las patronales autonómicas, Artecam, Acescam y Asocande. A ellas ha hecho un llamamiento para "presionar" a su homóloga nacional para que vuelva a sentarse a negociar y apueste por un modelo "que de seguridad y futuro a los trabajadores" y que mejore sus condiciones de trabajo.
Entre las principales reivindicaciones del sector, además de la retributiva, la responsable regional de Sanidad de CCOO ha citado la necesidad de mejorar la jornada laboral anual, que ahora está en 1.792 horas; los cuadrantes de trabajo, las vacaciones, los permisos de trabajo y el pago de los domingos y festivos, por lo que ahora se paga 18 euros.
“Iremos donde haga falta”
"Hay un conflicto en un sector que es esencial y se tiene que solucionar y para ello iremos allá donde haga falta", ha enfatizado la sindicalista. Además, ha señalado que tienen una hoja de ruta de movilizaciones que iniciarán el próximo martes, día 28, con una concentración a partir de las diez de la mañana frente a la Consejería de Bienestar Social, a la que seguirán concentraciones en las puertas de los centros de trabajo en los meses de octubre y noviembre.
Sobre la posibilidad de llegar a la huelga para conseguir sus metas, la secretaria regional de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha argumentado que esta herramienta "no resulta operativa". Perjudicaría a los trabajadores teniendo en cuenta su nivel salarial y, además, las ratios en este sector son "de mínimos", con lo que la repercusión de la huelga sería mínima", ha razonado.
Por su parte, la responsable de la Federación de Sanidad en Toledo ha detallado que, en esta provincia, el conflicto afecta a alrededor de 4.000 personas que prestan sus servicios en 135 centros gestionados por entidades privadas.