En el marco de la "Operación Romero", la Policía Nacional ha desarticulado un nuevo grupo criminal dedicado al cultivo ilegal de marihuana en plantaciones “indoor”, para su posterior distribución al por mayor. Las plantaciones ilegales fueron descubiertas tras una intensa investigación que logró ubicarlas en distintos municipios de la provincia de Guadalajara, concretamente en Cabanillas del Campo, Torrejón del Rey y Uceda.

En esta nueva operación antidroga de la Policía Nacional, se ha detenido a tres personas y se han aprehendido 2.881 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, que arrojaron un considerable peso de 232 kilogramos, así como 18 kilogramos de inflorescencias (cogollos) secos, listos para su envasado para la posterior distribución.

Además, y como es habitual en este tipo de operaciones, con el fin de desmantelar la infraestructuras montadas en las distintas plantaciones, se ha procedido a la incautación de lo necesario para la producción y elaboración de la droga, como la instalación eléctrica, aparatos de climatización, extractores y filtros de aire, lámparas de iluminación y calor, sistema de riego y productos fertilizantes.

Así mismo, se han intervenido cerca de 5.575 euros en metálico, teléfonos smartphone de alta gama y dos vehículos.

Nuevamente, se ha localizado un menor de corta edad en el interior de una de las plantaciones, con el peligro que puede suponer para su salud permanecer en estos lugares. De esta circunstancia se ha dado cuenta a la Fiscalía de Menores de Guadalajara.

Quinta operación

Esta operación se convierte en la quinta que lanza la Policía Nacional en la provincia de Guadalajara en lo que va de año. La intensa lucha contra el tráfico de marihuana en la provincia ha permitido hasta el momento incautar un total aproximado de 5.500 plantas de marihuana, cuyo peso total asciende a los 670 kilogramos.

Los tres detenidos, encargados de la plantación ilegal de marihuana, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Guadalajara, donde tendrán que responder por los delitos que se les imputan: contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico.