El PSOE adapta su contrato del cambio a la retórica 'podemita'

El PSOE regresa a la casilla de salida de la izquierda. Pedro Sánchez presentó este lunes un contrato de compromisos de gobierno trufado de retórica 'podemita' y promesas electorales pensadas para seducir al electorado que le está arrebatando Pablo Iglesias. El documento, que Sánchez firmó simbólicamente para darle más valor, obvia buena parte de las medidas que negoció con Ciudadanos en el pacto de 'El abrazo', asimila al menos de palabra la banca pública, la derogación de la reforma laboral y la creación de un impuesto para financiar las pensiones.

Las 18 páginas de "Compromisos para un SÍ al Gobierno del cambio" con el que Sánchez quiere ganar las elecciones del 26-J simplifica en ocho grandes ejes el programa electoral del PSOE el 20-D. No hay memoria económica, pero sí novedades. La retórica recuerda a Podemos al salpicar el texto de expresiones como "rescate ciudadano", "emergencia" y "pobreza", entre otras.  

Banca pública 

En cuánto a las políticas concretas, el PSOE da un giro a la izquierda al comprometerse a que "el ICO, en el plazo máximo de un año, actuará como banca pública que canalice los incentivos públicos a la modernización de la economía". Además, promete una "recuperación social de la inversión pública en entidades financieras nacionalizadas".

En realidad son conceptos casi idénticos a los de las pasadas elecciones, pero la manera de formularlos es distinta. En el programa del 20-D, se hablaba de convertir el ICO en una "banca pública de inversiones". En el fondo es lo mismo, pero suena diferente. Y además hay un plazo: un año. Sobre las nacionalizadas como Bankia, el PSOE se comprometía a privatizarlas de acuerdo con las normas de Bruselas. Ahora, según su nuevo contrato, prima la "recuperación social".

El PSOE también hace tabula rasa con los impuestos, que aceptó no subir en la negociación con Ciudadanos. Y contempla la derogación de la reforma laboral del PP, que en el acuerdo con Rivera aceptó modificar sin derogar. Sánchez incluye el llamado recargo de solidaridad para financiar las pensiones. Se trata de un impuesto que no está cuantificado y que teóricamente va dirigido a las grandes fortunas. Además, se compromete a aprobar una reforma fiscal en el plazo de seis meses, que prevé incrementar los impuestos a la renta del capital, una tributación mínima en el Impuesto de Sociedades y un mínimo común en Sucesiones y Patrimonio.

El documento del PSOE recoge también la reciente promesa del plan de choque para parados de larga duración mayores de 45 años, la ampliación de la cobertura por desempleo y una subida inmediata del 4% del salario mínimo. En una ejercicio de simplificación, el párrafo del programa del 20-D dedicado a legislar un marco que dé cobertura a un servicio energético mínimo se reduce a una sola frase: "Garantía de suministros básicos (energéticos e hídricos) y efectividad del derecho a una vivienda".

Sin mención a las diputaciones

El documento presentado por Sánchez incluye también la mayor parte de sus compromisos con la regeneración democrática: supresión de los aforamientos, reforma del sistema electoral, reforma de la justicia y un plan de "lucha implacable contra la corrupción" con penas más elevadas, que quiere implantar en los tres primeros meses de gobierno. Este plan no hace referencia a las diputaciones provinciales, que socialistas y Ciudadanos acordaron suprimir.

Como novedad, el candidato socialista acepta a someterse a una cuestión de confianza en el ecuador de su mandato. No es exactamente la misma música que el referéndum revocatorio que defiende Iglesias a los dos años de gobierno si se incumple el programa. Pero suena parecida. 

Sánchez vuelve a defender la reforma de la Constitución y un modelo territorial de carácter federal. En el marco de esta reforma, el PSOE quiere impulsar un pacto "político con Cataluña que, respetando las implicaciones del principio de igualdad, reconozca su singularidad y mejore su autogobierno".

El PSOE quiere fijar el contenido inicial de la reforma en una subcomisión del Congreso que se pondrá en marcha en el plazo máximo de dos meses.