Informar con libertad y acceder a esa información sin restricciones son dos de los derechos básicos que aparecen reconocidos, negro sobre blanco, en el ordenamiento jurídico de un buen puñado de países. En el imaginario colectivo de Occidente, donde hay establecidas democracias más o menos funcionales, el periodismo está rodeado del romanticismo que evoca al cuarto poder, al j’accuse, a Woodward y Bernstein destapando el Watergate, al ¡Paren las rotativas! y al impacto de la primera plana.

Sin embargo, ser periodista significa a veces ser el enemigo de poderes que pueden llegar a ser violentos e implacables, y en muchas zonas del planeta contar la verdad implica correr un riesgo tan alto como jugarse la vida y la libertad... e incluso perderlas.

Se estima que en este momento hay casi 500 informadores (60 son mujeres y nunca había habido tantas) detenidos o secuestrados alrededor del mundo, y el ejercicio del periodismo encuentra algún tipo de dificultad en más de 130 países. El 2021 fue especialmente negro para la libertad de prensa.

Según un informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), el año pasado se encarceló a 293 profesionales —frente a los 280 de 2020—, y es la sexta vez consecutiva que se bate este triste récord. Se ha alcanzado el número más alto desde que se registran este tipo de datos.

El documento también refleja que, hasta diciembre, casi 50 profesionales de la información fueron asesinados por cumplir con su trabajo, aunque las circunstancias que rodean al fallecimiento de 18 de ellos impiden determinar con exactitud si su muerte fue en represalia por informar. Esa cifra crece anualmente, y desde 1992 casi 1.500 cronistas han sido ejecutados en el desempeño de su oficio.

Precisamente hace unos días se cumplió un año del asesinato de los periodistas españoles David Beriain y Roberto Fraile en Burkina Faso, mientras realizaban un reportaje sobre el negocio de la caza furtiva; y aún se recuerda la conmoción que produjo el asesinato en Estambul del reportero saudí Jamal Khashoggi en 2018, presuntamente por orden del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán.

Golpes de Estado, represión y censura

Durante los dos últimos años también han crecido las detenciones arbitrarias de periodistas, sobre todo en aquellos países donde se han producido vuelcos de poder a raíz de levantamientos militares.

Dicho aumento tiene a tres países como focos principales: China, que ha endurecido su represión contra Hong Kong ante el aumento de las protestas contra el régimen de Pekín; Bielorrusia, donde la reelección de Aleksandr Lukashenko, en agosto de 2020, suscitó acusaciones de fraude electoral y propiciaron múltiples manifestaciones; y Birmania, donde en febrero de 2021 se produjo un golpe de Estado en el que los militares recuperaron el poder.

Tal y como recoge el informe anual de libertad de prensa, elaborado por Reporteros Sin Fronteras, la estricta censura impuesta por el gobierno de Xi Jinping hace que China también sea el mayor carcelero de periodistas del mundo, con cerca de 130 informadores retenidos. Al gigante asiático lo siguen Birmania (53), Vietnam (43), Bielorrusia (32) y Arabia Saudí (31).

Por su parte, los siete periodistas asesinados en 2022 convierten a México en el país más mortífero para ejercer la profesión. Allí, los periodistas suelen estar en el centro del fuego cruzado entre el narco y los poderes públicos. En segundo lugar, con seis reporteros asesinados, se encuentra Afganistán, donde los talibanes recuperaron violentamente el poder el pasado verano. En Yemen y la India se produjeron cuatro asesinatos, y Pakistán cerró el año con tres.

El encarcelamiento de periodistas no es algo que sólo ocurra en países lejanos. Además del caso bielorruso, antes de la invasión de Ucrania, la Federación Europea de Periodistas (IFJ) contabilizó en el continente la reclusión de 22 informadores en Rusia, sobre todo de reporteros vinculados a medios que informan sobre opositores como Alekséi Navalni.

En la Crimea ocupada, precisamente en Ucrania, la Federación habla de tres recluidos, aunque el caso más mediático se encuentra en Reino Unido, donde el cofundador de Wikileaks, Julian Assange, se encuentra en la prisión de alta seguridad de Belmarsh a la espera de que se decida si es extraditado a Estados Unidos.

A pesar de que Assange es el más conocido, existen otros muchos casos flagrantes de informadores privados de su libertad. Estos son algunos de ellos:

Narges Mohammadi (Irán)

Después de 13 meses de libertad, y tras haber estado recluida más de cinco años, esta periodista y activista por los derechos humanos iraní fue detenida y encarcelada de nuevo el pasado noviembre, acusada de "propaganda antigubernamental mediante la publicación de noticias falsas" y condenada a una pena de 36 meses de prisión, 80 latigazos y una multa.

Durante los meses que estuvo libre, Mohammadi sufrió un reiterado acoso policial y fue detenida en numerosas ocasiones, sobre todo por mostrar su apoyo explícito a los periodistas hostigados por el gobierno, los presos de conciencia y a sus familias.

Daria Chultsova y Katsiaryna Andreyeva (Bielorrusia)

Estas dos periodistas bielorrusas fueron condenadas a dos años de prisión en febrero del año pasado acusadas de “organizar y preparar acciones que violan gravemente el orden público” mientras grababan una manifestación en contra el régimen de Lukashenko. Inicialmente, la condena fue administrativa y no superaba los siete días de reclusión, pero después la policía abrió una investigación criminal contra ellas que desembocó en un juicio sin garantías.

Zhang Zhan (China)

Se volvió incómoda para el régimen mientras cubría la aparición de los primeros casos de Covid en China, y las autoridades acabaron condenándola a cuatro años de cárcel por "provocar peleas y desórdenes públicos".

Zhan inició entonces una huelga de hambre en protesta por la acusación y casi le cuesta la vida. Junto a ella, otros periodistas de investigación, o que informan sobre asuntos como la situación del Tíbet, están constantemente en el radar de la policía china.

Ali Aboluhom (Arabia Saudí)

Este periodista yemení fue condenado a 15 años de cárcel el pasado octubre por las autoridades de Arabia Saudí. En la sentencia, se justifica la condena a Aboluhom por tener una cuenta de Twitter (que ahora está suspendida) donde, según la acusación, difundía "ideas de apostatasía, ateísmo y blasfemia" contra el islam.

No es el único caso de condena severa por presuntos delitos contra la religión en plataformas de Internet. El mes pasado, el bloguero Raif Badawi salió libre tras cumplir diez años en prisión y encajar 1.000 latigazos por “insultar al islam” en su página Free Saudi Liberals, que se había convertido en una plataforma de difusión de ideas reformistas.

Pham Chi Dung (Vietnam)

El juicio que condenó a Pham Chi Dung a 15 años de cárcel no duró ni cuatro horas. La acusación lo encontró culpable de hacer propaganda antiestatal, un delito tipificado en Código Penal del país que suele aplicarse contra aquellos medios incómodos para la línea oficial del Partido Comunista del País. Curiosamente, ese artículo contradice otro de la Constitución de Vietnam, el que aboga por la libertad de prensa.

Dawit Isaak (Eritrea)

Detenido en 2001 por la dictadura eritrea, este periodista lleva 20 años en régimen de aislamiento y sin haber tenido nunca la oportunidad de acceder a un abogado o de defenderse en un juicio. En 2005 fue liberado durante unos días, pero poco después volvió a la cárcel, donde las visitas están prohibidas, el calor es extremo y se tortura a los reclusos. La última información que se tiene de él es de 2020, cuando la ONU afirmó que, según una fuente creíble, Isaak aún estaba vivo.

Ma Thuzar (Birmania)

Tras el golpe de Estado con el que los militares birmanos llegaron al poder en 2021, la periodista Ma Thuzar cubrió las manifestaciones contra el nuevo régimen y enseguida tuvo que esconderse por temor a las represalias. Una mañana del pasado septiembre, cuando salía de su piso franco, la policía la secuestró y no comunicó su detención hasta cuatro días después. Desde entonces, Thuzar está incomunicada en la prisión de Insein, en la ciudad de Rangún.

Huang Xueqin (China)

También en China, y desde el pasado septiembre, está retenida la periodista independiente Huang Xueqin, que además es una reconocida activista del movimiento #MeToo en el país asiático. Sobre ella pesa una acusación de "incitar a la subversión del poder estatal", y desde entonces se encuentra bajo "vigilancia residencial en un lugar designado", un eufemismo que el régimen utiliza para referirse al aislamiento de los detenidos en centros donde suelen producirse torturas.

La gran represión rusa

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha provocado una agresiva oleada de restricciones y control de una prensa ya de por sí bastante intervenida por el Kremlin. Según el CPJ, desde finales de febrero ha habido decenas de periodistas detenidos por cubrir las protestas ciudadanas en contra de la guerra que surgieron en Moscú, y el gobierno ha restringido la publicación de información, permitiendo únicamente los informes, comunicados y datos oficiales bajo la amenaza de bloquear las páginas webs de aquellos medios que no lo cumplan.

Por el momento hay al menos una decena de medios independientes objeto de investigación administrativa por aportar perspectivas distintas al discurso oficial sobre la invasión de Ucrania, y sus responsables se enfrentan a multas de hasta cinco millones de rublos (unos 50.000 euros).