Los fondos 'Next Generation' de la UE: así están cambiando la legislación española para la recuperación económica

Tenía razón la jueza Ruth Bader Ginsburg cuando decía que la historia del derecho es una historia de transformación. Los cambios políticos, sociales o económicos siempre han ido seguidos de cambios legislativos, por ejemplo, la revolución digital, que ya venía gestándose desde los años noventa del siglo pasado, dio lugar a la importantísima y ya conocida por todos, Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos y sus famosas cookies.

Sin embargo, hoy nos encontramos ante una verdadera revolución jurídica para nuestro derecho, que no es otra, sino, que los Fondos Next Generation EU. Este instrumento europeo para la recuperación nace como respuesta al profundo impacto que la crisis que la Covid-19 tuvo en nuestra sociedad. Así, la Unión Europea recogió el testigo keynesiano y la herencia del Plan Marshall para crear un verdadero mastodonte económico y jurídico.

La dotación económica de estos fondos, 1,8 billones en total, equivalen al 5% del PIB de la Unión, lo cual nos da una idea de la gran cantidad de dinero que deberá gestionarse de aquí a los próximos años. Para España, su importancia es evidente, ya no solo por la cantidad de dinero que nos llegará en forma de transferencias y préstamos, sino por la rapidez y la complejidad que conlleva ejecutarlos, tratando de que estos lleguen a los ciudadanos y las empresas favoreciendo la recuperación, pero también la transformación económica y social de nuestro país.

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A la luz de estos datos, se preguntará el lector: "Y, ¿por qué afecta esto al derecho español?", o lo que es más importante aún, "y esto a mí, ¿cómo me repercute?". Pues bien, desde las instancias más académicas se habla de una europeización del derecho, de olvidarnos de esos paradigmas tan burocráticos y transitar hacia un modelo más flexible. Esta europeización no trasciende a todas las áreas del derecho, como el civil o el penal, sino que más bien podríamos ver esta trasformación en tres dimensiones clave, que no obstante acaban por afectar al propio ciudadano.

La primera dimensión tiene que ver con la propia cultura administrativa. Los fondos están vinculados a principios fundamentales como el de gestión eficiente; servicio eficaz al ciudadano o simplificación, que en buena medida tratan de alejarnos de ese vuelva usted mañana, que tan bien definía Larra. La segunda dimensión tiene que ver con el plano institucional o de gobernanza. Repetidamente, se ha dicho que ese plan de recuperación, transformación y resiliencia, a través del que se ejecutan estos fondos, es un plan país.

De ahí, que gran parte de los proyectos se ejecuten a nivel de ayuntamientos y comunidades autónomas, acercándolos así al ciudadano y dirigiéndolos hacia los retos del día a día. Véase, por ejemplo, la restauración de zonas verdes y parques en muchas ciudades. Así, esta nueva forma de gestión implica que nuestro derecho arbitre nuevas formas de colaboración y cooperación entre administraciones.

Esto facilita figuras como los convenios, los contratos o incluso la interoperabilidad de datos entre ellas, lo cual nos lleva a pensar si será esto finalmente el revulsivo para tener una única carpeta ciudadana, donde cada persona tenga agrupado su historial médico, su historia laboral y los certificados de hacienda. Sin duda, estoy convencida de que muchos se ahorrarían quebraderos de cabeza tratando de entender por qué deben meter los mismos datos una y otra vez.

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Finalmente, la tercera dimensión es la que tiene que ver con el derecho antifraude, la transparencia y la rendición de cuentas. Tanto el Real Decreto-Ley 36/ 2020, como la Orden Ministerial 1030/ 2021 (instrumentos que rigen la gestión de estos fondos), son novedosas al respecto, incorporando dos nuevos apuntes. Por un lado, la obligación de que quienes gestionen fondos europeos Next Generation elaboren planes antifraude con objetivos y acciones concretas. Y en segundo lugar, con las conocidas como DACI (Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Interés).

Ello, unido a la reciente transposición a nuestro derecho de la directiva europea de los whistleblowers o denunciantes, permitirá sin duda avanzar hacia un derecho y una administración mucho más íntegra, que gestione el gasto público bajo el principio fundamental del interés general. En conclusión, podríamos decir que, en efecto, los fondos europeos para la recuperación están cambiando el derecho español, ahora bien, veremos hasta dónde.

***Andrea Villar es abogada y economista, especialista en Fondos Europeos y consultora en GRI S.A.