La historia que acaba de leer es ficticia, pero a nadie le sorprendería que ocurriera en la actualidad, teniendo en cuenta que 2022 se cerró con 18.731 denuncias de delitos sexuales notificadas en España, y que en su mayor parte el perfil de las víctimas correspondía con mujeres menores de edad. Según el Ministerio del Interior, las cifras de este tipo de violencia han ido escalando en más de un 64% desde 2017, aquel mismo año en el que las españolas empezaron a oír hablar del movimiento #MeToo creado para denunciar los abusos en Hollywood.

Ahora, ellas tienen su propio lema. El pasado 25 de noviembre, el lema #SeAcabó movilizó a miles de mujeres en las protestas por el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Este año, coincidiendo con la efeméride del 8M, Save The Children recuerda las cifras del terror violeta en su informe Silenciadas. De las víctimas confirmadas hace dos años, el último del que se tienen datos oficiales, 2.987 no superaban los 13 años de edad y 3.827 estaban en la franja entre los 14 y 17. Las comunidades más afectadas fueron Andalucía, Cataluña, Valencia, Islas Baleares y Madrid. 

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Edades y comunidades autónomas que más delitos sexuales notificaron en 2022. Gráficas del informe 'Silenciadas' con base en datos del INE.

Radiografía de los delitos sexuales

La erradicación de la violencia sexual en España es una asignatura pendiente que se hace por momentos más difícil. Porque las tendencias delictivas, una vez se integran en el sistema, suelen tardar un tiempo en salir de él. Por ejemplo, las violaciones grupales están en alza. Así lo confirma el Informe sobre delitos contra la libertad sexual de 2022 elaborado por el Ministerio del Interior. Este constata que las denominadas manadas se doblaron con respecto a 2017. 

Dos años después, en 2019, el Fiscal de Sala Coordinador de Menores alertó sobre el posible efecto contagio de estos actos cometidos por dos o más personas. Es más, como recoge STC, el Ministerio Fiscal advirtió en su Memoria sobre el ejercicio en el año 2019 que el incremento se produjo en el año en el que se resolvió el recurso de casación en el caso de los Sanfermines de Pamplona, del que ahora Netflix ha estrenado un documental que "expone, gradualmente, las costuras del machismo en la justicia", adelantó sobre él este periódico hace un mes. 

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Pasando a términos generales, ese año se denunciaron 3.870 violaciones, lo que deja atrás la tan repetida idea de "una violación cada ocho horas" que lleva años nombrándose con frecuencia para pasar a una denunciada cada tres, según el Balance de Criminalidad de Interior. Aun así, desde Save The Children alertan de que los datos representan la punta del iceberg de una realidad que sigue silenciada: aún son muchas las víctimas que optan por no contarlo.

Hay algo especialmente revelador en el informe de la oenegé, y es que asegura que para muchas adolescentes "puede llegar a ser menos duro enfrentarse a la etiqueta de puta que a la de víctima", por lo que no comunican lo ocurrido. "Somos unas exageradas y nos dicen que eso es normal; por eso no lo solemos hablar con niños, lo hacemos con nuestras amigas", asegura una de las adolescentes entrevistadas por la organización. Los apoyos de las víctimas son principalmente femeninos, representados por la madre o una amiga.

A la hora de denunciar, el dato optimista que se puede extraer del informe del Ministerio del Interior es que el porcentaje de esclarecimiento de los delitos contra la libertad sexual es muy alto: 8 de cada 10 casos se resolvieron en 2022. En el caso de las violaciones, la eficacia fue incluso mayor, ya que solamente quedaron sin esclarecer el 16% de los casos. 

Deepfakes, una nueva amenaza

La violencia contra la mujer se presenta de múltiples formas. El artículo 178.1 del Código Penal define el delito de agresión sexual como cualquier acto que atente contra la libertad sexual de una persona sin su consentimiento. Asimismo, en los últimos años ha escalado la violencia de género digital. Según el Ministerio de Igualdad, esta tipología afecta "particularmente a colectivos vulnerables, como el de la adolescencia", e incluye signos como el acoso en redes, la censura en el ámbito de la pareja y los flagrantes deepfakes, contenidos falsos creados con IA. 

En diciembre de 2023, la Fiscalía de Barcelona abrió investigación a dos casos de fotografías de menores que habían sido manipuladas y posteriormente difundidas por redes. Tres meses antes, un colegio de Almendralejo se convirtió en noticia por la proliferación de fotos de falsos desnudos generados digitalmente, que cerraron el año con 26 menores investigados y 21 víctimas. Se trata del primer caso masivo de este tipo en España, con cinco de los implicados menores de 14 años, edad que les eximiría de responsabilidad penal. 

Esta nueva y peligrosa tendencia se da al tiempo que aparecen nuevas evidencias de que el acceso a contenidos pornográficos de corte machista y violento se hace a edades más tempranas. Lo hacen chicos y también chicas, pero las motivaciones tienden a diferir: "Ellos aseguran necesitarla para conocer más cosas, pero ellas la ven para aprender a satisfacer los deseos de la pareja", explicó la psicóloga forense Nuria Mateos de la Calle a ENCLAVE ODS el pasado noviembre. A su juicio, el peligro de la pornografía es que hace que las conductas violentas se perciban "como algo normal". 

Save The Children insiste en su preocupación por el hecho de que más de un 10% de las agresiones sexuales múltiples son grabadas o fotografiadas como señal de dominio y a la espera de un reconocimiento en el grupo de iguales. "Cuando conocemos casos de manadas, el modus operandi en menores es muchas veces una reproducción del porno", declaran desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el informe. En el caso de los adultos, estas grabaciones corren el riesgo de abrir la puerta a casos de pornovenganza, que no han hecho más que aumentar esta década. 

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También mancha la cultura

Los mazazos a la libertad sexual de las mujeres en España no se quedan en casa, ni en las discotecas, ni tampoco en la red. También rebosan en los estadios y la gran pantalla. Si 2023 fue el año en que el deporte se plantó ante el beso de Luis Rubiales a la futbolista Jennifer Hermoso en el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda, este año la polémica se trasladó al cine con el caso Vermut. En enero, el diario El País publicó una investigación en la que tres mujeres de la industria aseguraron haber sufrido violencia sexual por parte del director de Magical Girl (2014). 

Antes de la polémica, el expediente del #MeToo español ya había empezado a acumular golpes sobre la mesa como el de las actrices Maribel Verdú, Aitana Sánchez-Gijón e incluso Concha Velasco, que ya en 1982 fue una de las primeras en denunciar públicamente que algunos de los papeles de las actrices dependían de cuestiones meramente sexuales. " Si no se desnudan, no ya en el plató, en la oficina del jefe de producción, no hacen la película", confesó aquel año en el programa Su turno de TVE. 

Aunque los avances hacia la igualdad en el séptimo arte han sido evidentes en los últimos años —con cada vez más creativas, mujeres en la dirección y visibilizadas en los departamentos más técnicos de los rodajes—, aún hay camino por recorrer en lo que a agresiones respecta. En el cine se habla de ellas como secretos a voces: están ahí, a veces incluso se producen a la vista de todos, pero la precariedad —los datos más recientes de AISGE destacan que el 77% de los artistas del país ingresan menos de 12.000 euros anuales— sigue forzando a buena parte del sector a callar. 

Al menos, hasta este año. Tanto los Premios Feroz como los Goya fueron escenarios en los que los profesionales del cine mostraron su rechazo a los abusos de poder. Por su parte, para impedir nuevas agresiones, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) actualiza contra reloj sus protocolos y apuesta por incluir cláusulas específicas contra el acoso sexual dentro de los contratos laborales.