Según el recuento oficial más reciente del Ministerio del Interior, en lo que va de año han sido rescatadas en Canarias 18.977 personas migrantes procedentes de 290 barcos embarcados en la ruta de África occidental, la más mortífera que existe. Es el triple que en el mismo período de 2023, en el que los registros cifran 5.914, y sirve para pronosticar que a lo largo del 2024 llegarán a las costas más de 85.000 hombres, mujeres y niños en busca de una vida mejor. 

La preocupación es máxima, tanto para el Gobierno regional —que, ante el posible colapso de los servicios públicos, sigue defendiendo el reparto obligatorio entre comunidades "cueste lo que cueste"—, como para las oenegés. Caminando Fronteras calcula que, solo en los cinco primeros meses del año, se han producido al menos 4.808 muertes o desapariciones en estas travesías.

Una cifra sin precedentes que equivale a casi 32 muertes diarias, o una cada 45 minutos. En definitiva, "una matanza", sentencia el colectivo el mismo año en que, paradójicamente, se prevé que las islas tendrán un nuevo récord turístico que superará el del 2023, cuando se registraron 16,2 millones de llegadas de visitantes según datos de Promotur, sociedad mercantil pública adscrita a la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias.

Los menores, en el foco

"Perdóname hijo mío. Yo solo quería que llegaras allá y fueras a la escuela. Si hoy pudiera volver atrás lo haría y no habrías cruzado el mar". Estas declaraciones, que unos días atrás coparon titulares en todo el país, son las de Charlotte, una madre marfileña que despidió recientemente a su hijo Moisés, un pequeño de cuatro años que murió en el naufragio de un cayuco el pasado junio. Un año más tarde, ha sido enterrado en el cementerio de San Gregorio, en la localidad grancanaria de Telde.

Como la suya hay muchas otras historias de vidas truncadas en el intento de huir de los conflictos bélicos, los impactos del extractivismo y del cambio climático, entre otros motivos. A lo largo del año, Canarias espera la llegada de 11.000 menores migrantes, un escenario sin precedentes que ha movilizado a las autoridades a buscar lugares donde albergarlos en condiciones dignas.

El portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello, explicó a la televisión canaria que las instituciones y los trabajadores de entidades sociales llevan meses "tensionados" para dar respuesta a la situación. Actualmente, hay tutelados el triple de niños y adolescentes de lo que sería recomendable, mientras Canarias continúa cerrando acuerdos en torno al texto definitivo para la reforma de la Ley de Extranjería.

Esta norma permitirá al Estado intervenir cuando los recursos de acogida superen el 150% de su capacidad a través del reparto obligatorio entre comunidades. Canarias defiende que la modificación se proyecte mediante decreto ley para que se “haga de manera inmediata”, porque "no podemos arriesgarnos a operar en esta situación durante 15 o 20 días". "Necesitamos dar certidumbre", ha aseverado el portavoz del Ejecutivo autonómico en declaraciones a Conecta Canarias.

Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, también advierte sobre la situación. Los últimos informes de la entidad revelan que cada vez hay más mujeres y niños sin referentes familiares embarcados: en concreto, son 5.500 los menores tutelados en un "sistema de protección que no está preparado" para garantizar "la dignidad de la acogida", lamenta. 

El archipiélago cuenta con 80 centros de acogida y ha iniciado los trámites para disponer de dos más para finales de junio. Sin embargo, las instalaciones no son suficientes. En las últimas semanas, la Administración ha barajado la posibilidad de adaptar espacios como colegios en desuso o edificios militares, aunque esto último no cuenta con luz verde, así como la de instalar carpas. "Entendemos que no es lo ideal", ha asegurado Cabello, opinión a la que se suma CEAR. 

"El esfuerzo del Gobierno canario está siendo ingente, pero todo tiene un límite", lamenta Lorenzo. Y añade: "Llega un momento en el que el sistema colapsa, y hay un alto riesgo de cronificación de la emergencia". Las organizaciones humanitarias también temen que, a la luz del recién aprobado Pacto Migratorio en la Unión Europea, la intensificación de las labores de identificación de migrantes —para generar la base de datos Eurodac— se convierta en un tapón para la región. 

La ruta más letal

Según datos extraídos de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), una de cada cuatro personas rescatadas en el mar entre enero y mayo rumbo al bloque comunitario se había embarcado en la ruta canaria. El resto corresponde al Mediterráneo oriental, con 21.773 supervivientes; el Mediterráneo central, con 21.330; y el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, con 5.186.

Decenas de personas en un cayuco son rescatadas a 4 de noviembre de 2023, en El Hierro, Islas Canarias. H. Bilbao Europa Press

Casi la mitad de quienes han arriesgado la vida este año en barcazas rumbo a las islas del verano eterno y el turismo, 8.047, proceden de Mali, país marcado desde hace años por el terrorismo y la violencia interna, y ahora también por la inseguridad en el Sahel. Otros 3.728 trataban de huir de los conflictos políticos y sociales de Senegal, 1.682 de Mauritania y 1.180 de Marruecos, según las cifras disponibles hasta mayo.

[La inmigración irregular creció un 17% en la UE en 2023: la ruta canaria, la que más sube (161%)]

El próximo 28 de agosto se cumplen 30 años de la existencia de la ruta canaria, que, a juicio de Lorenzo, está alcanzando "dimensiones insostenibles". El coordinador recuerda que detrás de estas incómodas cifras hay "personas que sufren, rostros, proyectos de vida y sueños rotos", por lo que "debemos evitar el relato que les deshumaniza" y "ser muy taxativos con los discursos que solo apuestan por las políticas de externalización de fronteras".

Desde CEAR son críticos con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que, "si bien nace con la buena intención de armonizar políticas, lo hace desde unos estándares límite de protección y no suaviza la presión de los países del sur". Ponen el foco en el cuestionado sistema de solidaridad obligatoria, y advierten de los "riesgos de contención" que el pacto podría traer al archipiélago.

Como apunta Lorenzo, "la clave estará en los planes de implementación que sean entregados por los Veintisiete a finales de año. Tienen que llevarse a cabo de la forma más garantista posible, con mecanismos que monitoreen la protección de los derechos humanos, eviten abusos y den garantías jurídicas a una vida digna". Y, señalando directamente a España, apela "a la responsabilidad de las fuerzas políticas para que lleguen a acuerdos y dinámicas que favorezcan los procesos de integración".