"3.300 hectáreas de bosque destruido mientras los ministros se reúnen". Estas palabras vistieron la fachada del edifico Europa, la sede del Consejo de la UE en Bruselas. Activistas de Greenpeace denunciaban así con un contador en tiempo real la cantidad de árboles talados mientras los ministros se reunían para discutir una propuesta de ley sobre la deforestación provocada por la importación de materias primas desde la UE.

Hoy, en el Día Mundial de los Bosques, este grito cobra -si cabe- mayor voz. En 2020 el planeta perdió 51 millones de hectáreas de bosque, un área del tamaño de un campo de fútbol cada dos segundos, principalmente por la expansión de la agricultura industrial, muchos de cuyos productos se consumen en Europa.

De hecho, sólo en el tiempo en el que transcurrió la reunión de los ministros de medioambiente en Bélgica, en el mundo se destruyó un área de bosque equivalente a la ciudad de Bruselas. Y es que es un problema para el que aún hacen falta soluciones urgentes.

En nuestro país, según aseguran desde Ecologistas en Acción, el Gobierno español ha realizado un estudio sobre el impacto que supondría la aplicación del Reglamento europeo para luchar contra la deforestación importada y, aunque este estudio no se publicará oficialmente, sí ha trascendido la contradicción de sus conclusiones. 

Por un lado, se aboga por no rebajar las prohibiciones ni la ambición ambiental de la propuesta de la Comisión Europea. Por otro, se exige no afectar los costes de producción de la industria de piensos y la ganadería industrial con el argumento de que la industria cárnica española perdería competitividad.

En 2017 la UE fue responsable del 16% de la deforestación tropical importada y España destacó por ocupar la tercera posición en la lista de países europeos con mayor responsabilidad. 

Por este motivo, para las organizaciones ambientalistas, es un error analizar el impacto de la ley en el comercio desde un punto de vista cuantitativo. Añaden que la producción de materias primas y de productos derivados genera externalidades negativas cuyos costes se trasladan actualmente al conjunto de la sociedad y que deben ser pagados por quienes generan esos costes.

En este sentido, asguran que el hecho de que algunas empresas tengan que invertir en servicios para cumplir con la nueva ley es simplemente coherente con el principio incluido en los tratados de la UE, de que quien contamina debe pagar.

En 2017 la UE fue responsable del 16 % de la deforestación tropical importada y España destacó por ocupar la tercera posición

De acuerdo a las organizaciones ecologistas, entre las empresas que intentan impedir una legislación ambiciosa están las multinacionales de la soja ADM, Amaggi, LDC, Viterra, Bunge y Cargill —estas dos últimas con fuerte presencia en el Estado español—. Igualmente, la Federación Europea de Aceites y Oleaginosas ha sugerido que la actual propuesta de la UE es problemática para la industria.

En cambio, otros sectores como el del cacao, con una cadena de suministro más compleja que la de la soja, ya rastrean su suministro utilizando mapas de polígonos, que son incluso más avanzados que la geolocalización. Sus pequeños productores piden que el Reglamento sobre deforestación exija una trazabilidad completa que incluya la geolocalización.

Algunas soluciones

Para reducir de manera efectiva el impacto ambiental del consumo de la UE, las organizaciones consideran absolutamente necesario y prioritario extender la protección de la propuesta de la UE a otros ecosistemas.
Existen vínculos claros entre este consumo, en particular de soja destinada principalmente a la alimentación animal, y la conversión de paisajes de pastizales como los "puntos críticos de deforestación" del Cerrado en Brasil y el Chaco en Argentina y Paraguay.
Si estos ecosistemas no se incluyen en las definiciones del Reglamento entre los espacios protegidos de conversión o degradación, "se seguirá impulsando la destrucción de la naturaleza a gran escala", denuncian desde Ecologistas. De hecho, de todas las materias primas importadas por la UE, la soja fue la que más deforestación y conversión causó entre 2005 y 2017, incluso más que el aceite de palma, y la mayor parte se concentró en un bioma crítico, el Cerrado de Brasil.
Asimismo, las organizaciones ambientalistas han mostrado su preocupación por el hecho de que, ante la trágica situación en Ucrania, algunos gobiernos están cuestionando la necesidad de cambiar o acelerar el paso hacia un sistema alimentario y agrícola más sostenible.

Existen vínculos claros entre este consumo, en particular de soja destinada principalmente a la alimentación animal, y la conversión de paisajes de pastizales

Tal y como señalan, es el momento de buscar con más urgencia propuestas que aumenten la soberanía, la sostenibilidad y la democracia de nuestros sistemas alimentarios y energéticos. Las emergencias climáticas y bioenergéticas no esperarán a que este conflicto acabe, pero podrían provocar una mayor inestabilidad e inseguridad mundial.
La aplicación cuanto antes de un Reglamento ambicioso para frenar la deforestación importada evitaría la pérdida de servicios ambientales, y la pérdida económica, social y ambiental asociada al daño a ecosistemas (entre otros de la Amazonia, El Cerrado o El Pantanal) que son imprescindibles para mantener la producción de alimentos.

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