Las diputaciones de Badajoz, Córdoba y Barcelona se sitúan en el podio del último OpenODS Index. Este ranking nacional mide el compromiso y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las distintas entidades provinciales.
A las tres diputaciones que encabezan la lista les siguen los cabildos de La Palma y de Gran Canaria. Y tras ellos se encuentran las diputaciones de Girona, Gipuzkoa, Pontevedra, Zaragoza y Cádiz.
Para realizar este estudio, la empresa española referente en la medición e implementación de los ODS se ha basado en la información pública de las diputaciones, cabildos y consejos insulares de nuestro país. La metodología que han seguido desde OpenODS, además, ha sido desarrollada en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En la elaboración de este ranking se ha analizado el cumplimiento de cada uno de los 34 retos de la Alianza Local ODS para este tipo de entidades. En el proceso, además, han sido contactadas previamente al lanzamiento y, como aseguran desde OpenODS, "una buena parte de ellas ha colaborado activamente facilitando la información solicitada".
Raúl Moreno, product manager de la compañía, explica que se han encontrado "con una implantación de la Agenda 2030 a dos velocidades, con entidades locales que se la han tomado muy en serio desde el principio, y otras que apenas han arrancado".
Aunque, reconoce, es importante destacar "el papel tractor que pueden y deben jugar las diputaciones, cabildos y consejos en sus territorios, liderando el despliegue de la Agenda 2030 mediante el acompañamiento a ayuntamientos, empresas y entidades del tercer sector".
¿Quién suspende?
Si las diputaciones de Badajoz, Córdoba y Barcelona encabezan el ranking y han sentado las bases, diagnosticado y empezado a implementar iniciativas para avanzar en los ODS, otras ni siquiera han comenzado el camino.
A la cola se encontrarían los cabildos y diputaciones de El Hierro, Ávila, Zamora, Salamanca, Lugo, Coruña, Huesca, Cuenca o Almería. Estas nueve entidades no registran ningún tipo de acercamiento a la Agenda 2030 ni han empezado a allanar el camino de ese horizonte que es el fin de la década.
Entre las diez diputaciones que más avanzan en materia de ODS y las que menos, hay muchas que, por el momento, sólo están dando tímidos pasos para sentar sus bases de actuación y realizar un diagnóstico sobre las necesidades específicas de cada provincia.
La metodología
Los rankings elaborados por OpenODS siguen, según la propia empresa, una metodología capaz de crear un estándar que guíe a las entidades públicas y privadas en la aplicación y consecución de los ODS de Naciones Unidas.
Porque, como explica Moreno, “sin información sistematizada, abierta a la ciudadanía, a los grupos de investigación, a los medios de comunicación, etc., resulta casi imposible cumplir con las metas marcadas no sólo en las entidades públicas, sino también en las empresas en relación con la Agenda 2030”.
Por eso, el recién publicado estudio se ha elaborado en cuatro fases bien diferenciadas. Por un lado, se encuentran las bases, con las que se evalúan, por ejemplo, aspectos como el compromiso con la Agenda 2030, la gobernanza y ODS o la existencia de cargos específicos para su consecución, entre otros.
Después llega el diagnóstico. En esta fase se valoran los impactos directos o indirectos en compromisos ODS y sus metas, además de los procesos participativos. Tras ella, llega el análisis de la definición de planes estratégicos, informes, localización de metas, presupuestos, etc.
Por último, OpenODS se fija en la implementación y seguimiento, es decir, en la puesta en marcha de proyectos específicos para cumplir con la Agenda 2030. Y es que, como dice Moreno, "al final, este tipo de iniciativas resultan indispensables para activar la inteligencia colectiva que se necesita para acelerar el cumplimiento de los ODS".