La ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la COP28.

La ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la COP28. Amr Alfiky Reuters

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Teresa Ribera y 10 ministros europeos piden al resto de la UE que adopte la Ley de Restauración de la Naturaleza

Una coalición ha instado al resto de países del bloque europeo a aprobar la ambiciosa norma que pretende recuperar un quinto de las zonas terrestres y marinas. 

14 mayo, 2024 12:54

Casi una docena de países han pedido este martes 21 de mayo, a través de una carta, a todos los Estados miembros de la Unión Europea la adopción de la Ley de Restauración de la Naturaleza. La norma ambiciona recuperar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de la UE para 2030 y todos los ecosistemas para 2050 y propone medidas para restaurar los ecosistemas urbanos, forestales, agrícolas y marinas. 

Los países de la UE tenían previsto aprobarla en marzo, pero suspendieron la votación después de que Hungría retirara inesperadamente su apoyo y anulara la escasa mayoría a favor. Por el momento, y como ya sucedió el pasado mes de marzo, Hungría, Italia, Países Bajos y Suecia se oponen. Y Austria, Bélgica, Finlandia y Polonia tienen intención de abstenerse. Los demás Estados miembros de la UE apoyan la política. 

La ratificación, tal como soslayan en la carta, que ha hecho pública Teresa Ribera, ministra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) "estaría a la altura del compromiso que todos asumimos de ser líderes mundiales en restauración de la naturaleza (…) Si no lo hacemos, tendremos que acudir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad que se celebrará en Cali (Colombia) en octubre de este año y decir que estamos incumpliendo nuestras promesas internacionales de proteger nuestras tierras y mares".

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Los países de la UE y los legisladores alcanzaron un acuerdo el año pasado, pero algunos han advertido de que impondrá normas onerosas a las industrias. Los agricultores han protagonizado protestas en toda Europa por cuestiones como las estrictas normas de la UE.

Temerosos de que la norma pudiera ser archivada en junio, unos días después de las elecciones europeas, esta coalición de países ha lanzado un último grito a los ministros de Medio Ambiente de los demás países europeos para considerar su aprobación. Las encuestas apuntan a que las elecciones darán como resultado un Parlamento Europeo con más partidos de derechas escépticos con las políticas medioambientales.

España y el resto de países europeos que firman el documento han instado a los líderes europeos a aprobar la ley en la próxima reunión del Consejo de Medio Ambiente, prevista el próximo el 17 de junio. "Necesitamos un solo país", dijo un diplomático de la UE en declaraciones recogidas por Reuters

El cerrojo de Hungría

Bajo el sistema de votación por mayoría cualificada utilizado en la toma de decisiones del Consejo, la legislación necesitaría el apoyo de al menos 15 Estados miembros que representen el 65% o más de la población de la UE. Esta condición se cumplía hace unos meses, pero el bandazo sorpresa de Hungría imposibilitó la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza. 

El Gobierno húngaro argumenta que la protección de la naturaleza es competencia nacional y que la norma comunitaria vulnera su soberanía. Además, teme que la aplicación de la ley genere costes adicionales para el país, especialmente para el sector agrícola, sin que se proporcione suficiente apoyo financiero para su aplicación. Italia también se escudó en los derechos de los agricultores cuando declaró su oposición a la norma. 

Una de las provisiones de la norma exige a los Estados miembros que establezcan medidas para restaurar el suelo orgánico en el 30% de las tierras agrícolas situadas en turberas drenadas para 2030. Algo que se puede conseguir poniendo en marcha una serie de acciones, como la conversión de tierras de cultivo en pastizales permanentes, el establecimiento de vegetación formadora de turba o la rehumectación completa de turberas drenadas para permitir la padicultura.

Otros países, como Suecia (y Finlandia, con su abstención), han argumentado que algunas provisiones de la norma podrían socavar la actividad de los silvicultores