La aprobación en Europa de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés) cumple seis meses y se ha consolidado como la apuesta más ambiciosa hasta el momento de reconocer el papel que tienen las empresas en la protección de los derechos humanos.

El Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo ha seguido con gran interés la evolución del marco regulatorio sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos y sostenibilidad. En su reciente informe, La empresa y los derechos humanos. Entender las claves para pasar a la acción, pone en evidencia no solo las exigencias legales que se avecinan con la aprobación de la directiva. También la oportunidad que representa para las empresas en términos de ventaja competitiva.

Sin embargo, la aplicación de una diligencia debida en materia de derechos humanos presenta desafíos importantes que van más allá del simple cumplimiento normativo.

Aunque a primera vista la nueva legislación podría parecer una nueva carga administrativa, desde el Observatorio consideramos que se trata de una oportunidad estratégica.

¿Freno u oportunidad?

Los mecanismos de debida diligencia no solo permiten identificar y mitigar riesgos, sino que posicionan a las organizaciones como actores responsables en un mercado global cada vez más consciente de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).

Adoptar una postura proactiva frente a la sostenibilidad y los derechos humanos puede generar importantes ventajas competitivas. Las empresas que lideren en este ámbito no solo evitarán sanciones, sino que estarán mejor posicionadas para atraer inversores, clientes, consumidores y hasta empleados que valoran el compromiso ético.

Es decir, no se trata solo de cumplir con la normativa, sino de aprovecharla como una herramienta para mejorar la reputación, ganar la confianza del mercado y de los grupos de interés y, a largo plazo, consolidar la marca.

Los retos de la implementación

No obstante, la implementación de la debida diligencia no está exenta de retos significativos. Las cadenas de suministro complejas y globales representan uno de los mayores desafíos.

En muchos casos, las empresas carecen de visibilidad sobre las prácticas de sus proveedores en los niveles más alejados, lo que dificulta la identificación de riesgos.

Por ejemplo, el sector tecnológico, que depende de minerales extraídos, en muchos casos, en condiciones de explotación, enfrenta presiones crecientes para rastrear la procedencia de sus materias primas y asegurarse de que no están contribuyendo a la violación de derechos laborales.

Además, las auditorías sociales que muchas empresas implementan para garantizar el cumplimiento de sus estándares suelen ser insuficientes. En muchos casos, estas auditorías se convierten en una formalidad, lo que permite que las irregularidades persistan sin ser detectadas.

Todo esto plantea la pregunta de si las empresas están realmente equipadas y formadas para cumplir con las demandas de la directiva de manera efectiva. Es responsabilidad de todos dotar al sector privado de las herramientas necesarias para cumplir con el deber que se le impone.

La ventaja competitiva

A pesar de estos desafíos, las empresas que logren implementar procesos de debida diligencia eficaces se posicionarán para aprovechar nuevas oportunidades de mercado. En un contexto en el que los consumidores y los inversores valoran cada vez más la sostenibilidad y los derechos humanos, las organizaciones que demuestren un compromiso real con estos principios estarán mejor preparadas para atraer capital y ganar la fidelidad de sus clientes.

La debida diligencia no solo permite a las empresas evitar riesgos financieros, como litigios o sanciones, sino que también abre la puerta a una relación más transparente y sólida con sus partes interesadas. Al anticiparse a los problemas antes de que se conviertan en crisis, las organizaciones pueden ahorrar costes, retrasos en la operativa y reforzar su resiliencia.

Esto no solo las protege frente a eventuales crisis reputacionales, sino que también fomenta un entorno más favorable para la innovación. Empresas que adopten prácticas sostenibles podrían, por ejemplo, desarrollar productos con menor impacto medioambiental, lo que a su vez aumentaría su atractivo frente a un consumidor cada vez más exigente y responsable.

Porque no podemos olvidar que el perfil del consumidor ha cambiado. Hoy en día, una proporción significativa de la población toma decisiones de compra basadas en el comportamiento ético de las empresas. Esto significa que aquellas que adoptan prácticas de debida diligencia no solo cumplen con sus obligaciones legales, sino que también se posicionan para conectar emocionalmente con sus consumidores, creando una lealtad de marca más fuerte.

Innovación y resiliencia

Un enfoque integral de la debida diligencia no solo contribuye a reducir riesgos, sino que también puede ser un motor de innovación. Las empresas que se esfuerzan por mejorar continuamente sus operaciones a través de la gestión responsable de sus cadenas de valor están en una mejor posición para identificar oportunidades de negocio emergentes.

La creación de productos y servicios más inclusivos y sostenibles, así como el fortalecimiento de las relaciones con proveedores, favorece la diversificación de la oferta y puede convertirse en un factor clave para la resiliencia en tiempos de crisis.

En este sentido, la debida diligencia bien entendida es mucho más que una obligación legal; es un proceso para reinventar el modelo de negocio hacia uno más ágil, innovador y adaptable. En un mundo globalizado, la capacidad de una empresa para gestionar riesgos sociales y medioambientales será un indicador clave de su capacidad para superar desafíos futuros.

Desde el Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo, creemos firmemente que la debida diligencia no debe percibirse como una carga, sino como una herramienta que impulsa la competitividad, la sostenibilidad y el impacto. Aunque los desafíos de su implementación son significativos, las empresas que adopten una actitud proactiva estarán mejor preparadas para adaptarse al cambiante panorama regulatorio y a las expectativas de sus grupos de interés.

En definitiva, la debida diligencia se erige como el puente que en el largo plazo conecta la rentabilidad con un crecimiento inclusivo y sostenible.

*** Carmen Sánchez Sanz es responsable de empresa y desarrollo en el Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo.