En 2021, tres instituciones de la Unión Europea (UE) -el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea- firmaron una Declaración Conjunta que instituía oficialmente el 23 de septiembre como Día de la Agricultura Ecológica de la UE.

Un año después, el Parlamento Europeo aprobó el llamado Plan de Acción para la Agricultura Ecológica, que incluye a la ganadería, con el objetivo de que, en 2030, el 25 % de las tierras agrarias estén certificadas bajo esta modalidad de manejo en la UE. Este Plan de Acción forma parte de la llamada Estrategia 'de la Granja a la Mesa' que persigue un sistema alimentario más justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente.

El apoyo de la UE a la producción ecológica se ha basado en la profusión de evidencias científicas que muestran los beneficios ambientales (protección de la biodiversidad, regeneración de los suelos agrarios, secuestro de carbono, etc.), sociales (incremento de la renta agraria, del empleo y de la pequeña-mediana agroindustria) y de salud pública.

Este último argumento no es baladí. La exposición a plaguicidas y fertilizantes químicos de síntesis se asocia al mayor riesgo de padecer cáncer, enfermedad de Parkinson, enfermedad tiroidea, diabetes, enfermedades renales, enfermedades autoinmunes, entre otros problemas de salud. La evidencia sugiere que los niños son especialmente susceptibles a los efectos adversos de la exposición a plaguicidas, incluyendo los que afectan al desarrollo neurológico o de la pubertad.

Debido a que la legislación para la Producción Ecológica prohíbe el uso de plaguicidas y fertilizantes químicos de síntesis, la producción y consumo de alimentos ecológicos protege tanto a las personas dedicadas al sector agrario, como a los consumidores de estos alimentos. Indirectamente, también reduce la concentración de agrotóxicos, nitratos, y otros elementos en las aguas superficiales y subterráneas, beneficiando a toda la población.

A pesar de estas ventajas, la producción ecológica ha sido cuestionada por no ser accesible a toda la población, fundamentalmente debido al sobreprecio de estos alimentos. En la medida que la agricultura convencional, que sí utiliza dichas sustancias contaminantes, no paga el coste de los problemas ambientales, sociales y de salud que causa, es lógico que sus productos tengan menor coste y, por tanto, menor precio. Indirectamente, es la sociedad, vía impuestos, la que debe pagar por resolver o paliar los problemas que genera. Al tratarse de un coste indirecto, difuso, el consumidor no es, obviamente, tan consciente de él.

Pero esta no es la única causa del sobreprecio de los alimentos ecológicos. La escasez de oferta también influye. Dos factores que afectan a la oferta son el rendimiento y la superficie dedicada a la producción ecológica.

Frecuentemente, se ha argumentado la reducción de los rendimientos como causa del sobreprecio. Sin embargo, esta brecha de rendimiento con la producción convencional no es generalizable. De hecho, una investigación reciente muestra que en España esta brecha de rendimiento no se produce ni en frutales (olivar, vid y otros), ni en hortícolas. En cambio, es creciente en los cultivos herbáceos, tales como cereales, y ello se debe a que los agricultores ecológicos apenas siembran legumbres (lentejas, garbanzo, habas, etc.) en las rotaciones. Las legumbres son leguminosas. Para aquellos profanos en la materia, es necesario explicar que las leguminosas son imprescindibles para la fertilización nitrogenada, ya que son capaces de captar el nitrógeno atmosférico e introducirlo en el suelo en forma de compuestos que las demás plantas pueden utilizar.

Esta ha sido la clave de la agricultura desde sus inicios hasta que, a comienzos del siglo XX, Haber y Bosch descubrieron como realizar un proceso similar de forma industrial. Esta innovación permitió prescindir de las leguminosas, pero con un alto coste en energía fósil, y elevadas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y contaminación hídrica asociada. Dado que los agricultores ecológicos no pueden emplear fertilizantes nitrogenados industriales, de nuevo deben sembrar legumbres en sus rotaciones. Sin embargo, no lo hacen. Y no es porque no quieran, simplemente no pueden, no es viable económicamente. Esto se debe fundamentalmente a la Política Agraria Comunitaria (PAC), cuyas subvenciones se centraron en otros cultivos, como los cereales, en detrimento de las legumbres, y también a los acuerdos comerciales de la UE con terceros países, que favorecen la importación de legumbres a bajo coste.

Como consecuencia de la escasez de nitrógeno en las rotaciones, obviamente el rendimiento cae. Y no solo cae el rendimiento, sino que además la superficie sembrada con manejo ecológico también se resiente. Si el 12% y el 8% de la superficie de frutales y hortalizas en España es ya ecológica, la conversión de cultivos herbáceos sólo llega al 4% de la superficie (INE, 2020).

Hay dos razones fundamentales. Primero, ocupan el 69% de la superficie cultivada española y el 81% es de secano. Por su gran extensión y su vulnerabilidad al cambio climático es vital la regeneración de estas tierras para garantizar la autonomía alimentaria española, ahora y a futuro. Segundo, los cereales y leguminosas son centrales en una dieta saludable y, específicamente, en la dieta mediterránea.

Esta transformación puede tener además otras consecuencias positivas, ya que podría facilitar la sustitución de proteína animal por proteína vegetal en la dieta española actual, disminuyendo las emisiones de GEI asociadas. Igualmente podría contribuir a revitalizar la España vaciada, donde se encuentran mayoritariamente estas tierras.

En definitiva, sin medidas que hagan viable económicamente la siembra de legumbres no habrá alimentos ecológicos para todos.

La UE y España tienen la obligación de generar, mediante políticas públicas, un contexto favorable para la siembra de legumbres, al menos para los agricultores ecológicos, dado que para estos es la fuente fundamental de nitrógeno. Sin este desbloqueo, la alimentación ecológica está destinada a ser minoritaria y elitista.

*** Gloria I. Guzmán, profesora de la Universidad Pablo de Olavide, directora del Máster de Agricultura y Ganadería Ecológicas y presidente de Alimentta, think tank para la transición alimentaria