La Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular antes y después de la última cita electoral, ha sido la única autonomía que se ha mantenido firme y no ha cobrado Impuesto de Patrimonio desde que fue reestablecido. Este polémico tributo, conocido en el sector como el Guadiana porque se le ha hecho aparecer o desaparecer en función de cómo fuese la economía, fue suprimido en 2008 y recuperado de forma atropellada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en septiembre de 2011 con carácter retroactivo a comienzos de ese año.
Como se trata de un impuesto establecido a nivel estatal pero sobre el que las comunidades autónomas tienen competencia, algunas regiones decidieron anular de facto el tributo bonificándolo al 100%. De las que tomaron esta decisión (Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares), sólo Madrid resiste.
Entre 2011 y 2013, ambos incluidos, la región ha registrado un volumen de patrimonio declarado que, de haberse aplicado el impuesto, le habría supuesto ingresar 1.750 millones de euros, según las estadísticas de la Agencia Tributaria.
En concreto, la bonificación autonómica de Madrid ascendió a 612 millones de euros en 2013, que se suman a los 602 millones de 2012 y los 533 millones de 2011.
30.000 millones más declarados
En ese periodo, el Patrimonio declarado por los ciudadanos con domicilio fiscal en Madrid ha pasado de 102.005 millones de euros en 2011 a 132.039 millones en 2013, un incremento del 29,4% (30.034 millones en cifras absolutas). En estas cantidades, tal y como recoge la norma estatal, se recogen los patrimonios de quienes tengan en propiedad bienes y derechos con un valor superior a los dos millones de euros y, obviamente, los hayan declarado. Existen varias razones para este incremento del Patrimonio total.
Patrimonio declarado en la Comunidad de Madrid
Una de ellas se refiere al cambio de domicilio fiscal de ciudadanos que estuvieran previamente en otra autonomía que sí empezase a cobrar el impuesto y optasen por trasladar dicho domicilio a Madrid movidos por la bonificación del mismo. Ese cambio no es libre, hay que pernoctar un mínimo de 183 días al año para poder domiciliarse fiscalmente en uno u otro sitio, pero para ejecutivos que vivan a caballo entre dos ciudades puede ser relativamente fácil.
El trasvase más beneficioso es entre Cataluña y Madrid porque, como en este impuesto cada autonomía puede hacer de su capa un sayo, el Gobierno catalán no solo optó por recuperar el impuesto en cuanto el Gobierno central se lo permitió sino que lo endureció especialmente bajando, por ejemplo, el límite exento a 500.000 euros (frente a los 700.000 que establece la norma estatal). Cataluña ha ingresado por el Impuesto de Patrimonio 1.240 millones de euros de 2011 a 2013, ambos incluidos.
Las otras dos explicaciones están relacionadas y tienen que ver con cambios normativos a nivel estatal que han obligado a aflorar patrimonio, como son la amnistía fiscal y la obligación de declarar bienes que se tengan en el extranjero a través del modelo 720. Además está el propio aumento de la riqueza de las capas económicas más altas. En conjunto, el patrimonio declarado en las comunidades autónomas del régimen general ha pasado de 430.669 millones en 2011 a 537.106 millones en 2013 (un 24,7% más).
La ida y vuelta del impuesto
El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero suprimió Patrimonio en 2008, el año del estallido de la burbuja inmobiliaria. En Ferraz, donde a veces se defiende que bajar impuestos crea riqueza y a veces no tanto, siguen recordando con pesar que aquella decisión supuso renunciar a 2.121 millones de euros anuales del conjunto de las autonomías (cantidad ingresada en 2007 merced a dicho impuesto), una cifra superior al ahorro que se logró en 2010 con la congelación de las pensiones (1.500 millones).
La vuelta del impuesto se hizo elevando los mínimos exentos a 700.000 euros por persona y 300.000 euros por vivienda habitual en propiedad, con la intención, se dijo, de no castigar con este tributo a las clases medias. Tendrían que declarar su patrimonio todos aquellos a quienes saliese una cuota positiva dentro de estos límites y aquellos cuyos bienes y derechos gravados por el impuesto superasen los dos millones de euros.
La medida fue duramente criticada por los populares quienes, sin embargo, se abstuvieron en la votación del Parlamento y no han suprimido en ningún momento el impuesto desde que volvieron al poder. Es más, a pesar de su discurso sobre la recuperación de la economía, en los Presupuestos Generales de 2016 vuelven a recoger que las comunidades autónomas mantienen la potestad de decidir qué hacen con el impuesto, lo que significa que lo mantienen.
Recaudación patrimonio por CCAA
Tres autonomías gobernadas por el PP en 2011 -Madrid, Baleares y la Comunidad Valenciana- se declararon en rebeldía ante la vuelta del gravamen a la riqueza y establecieron una bonificación del 100%. Baleares y la Comunidad Valenciana renunciaron a su intención un año después y empezaron a cobrar el impuesto. Esta última recaudó por el mismo 119,6 millones en 2012 y 111,9 millones un año después. Baleares ha recaudado entre ambos ejercicios 91,5 millones.
Madrid, con Ignacio González al frente de la comunidad, se mantuvo firme y siguió bonificándolo en su totalidad. El Gobierno actual de Cristina Cifuentes tiene la intención de mantener esta medida.