El juez de Mas esperó para "no interferir en el proceso político"

Las querellas interpuestas contra el presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña por un supuesto delito de desobediencia al Tribunal Constitucional tienen una "indudable repercusión política y mediática", afirma en una resolución el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Joan Manel Abril, instructor de ese proceso.

Abril, que accedió al TSJC por el llamado "turno autonómico", arropado por CiU y a propuesta del Parlament, considera en ese mismo auto "justificado" que, "en aras a no interferir en el proceso político", la declaración de Mas y de las otras dos querelladas, Joana Ortega e Irene Rigau, no haya tenido lugar "durante la campaña electoral".

A su parecer, ese riesgo de interferencia política no existía en el caso de la declaración testifical de Dolores Agenjo, exdirectora de un instituto de enseñanza secundaria, inicialmente citada para el pasado 21 de septiembre, en plena campaña electoral, aunque luego el propio instructor accedió a retrasar su comparecencia al próximo día 19.

En las últimas elecciones autonómicas, Agenjo ha sido candidata de la lista de Ciudadanos por la demarcación de Barcelona. Los abogados de Mas, Ortega y Rigau recurrieron su convocatoria como testigo en el TSJC para el 21 de septiembre y pidieron que la citación fuera aplazada "para evitar que el proceso judicial interfiera en las elecciones políticas", alegaban.

Al hilo de ese recurso -que no tiene carácter suspensivo- y con la justificación de oír el criterio de las partes sobre las alegaciones de los querellados, el instructor pospuso al 19 de octubre la declaración de la testigo. Es una comparecencia de alto voltaje ya que, tras la consulta soberanista, Agenjo se ofreció a la Fiscalía para testificar sobre las "presiones" que recibió para ceder el instituto que dirigía como sede de las urnas colocadas por la Generalitat el 9-N.

"Estrictamente jurídico"

En un auto en el que desestima formalmente el recurso de los querellados -acogido de facto, al aceptar retrasar la citación de Agenjo-, Abril indica que "la indudable repercusión política y mediática de la querella (...), si bien ha justificado en aras a no interferir en el proceso político que la declaración de los querellados no tuviera lugar durante la campaña electoral, no tiene la misma justificación en relación con un testigo que, sin perjuicio de su orientación política, va a ser interrogado sobre los hechos que, desde un punto de vista estrictamente jurídico, conforman el objeto de la instrucción".

Tras recordar que los querellados "no han ejercitado la facultad" que les da la ley de pedir declarar ante el juez, Abril justifica su decisión de haber recabado pruebas documentales y haber celebrado diligencias testificales antes de citar a Mas y a las otras dos querelladas. Según el juez, esa actividad de instrucción ha posibilitado "un mayor conocimiento de los hechos a la hora de la declaración de los procesados [sic]".

Las querellas contra el presidente en funciones del Gobierno catalán; de quien fuera su vicepresidenta, Joana Ortega; y de la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por haber celebrado la consulta independentista pese a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional, fueron admitidas a trámite por el TSJC el 8 de enero pasado, aunque la instrucción no arrancó realmente hasta cinco meses después. Mas está citado a declarar el próximo día 15 y las otras dos querelladas, 48 horas antes.