Polémica por la presidencia del Tribunal Vasco de Cuentas

José Luis Bilbao, un político del PNV con una larga trayectoria de cargos públicos a sus espaldas, no tendrá que comparecer ante el Parlamento de Vitoria para dar ninguna explicación sobre su elección en julio como presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), órgano fiscalizador de las actividades financieras y contables de las administraciones vascas. Ni tendrá tampoco que responder a las preguntas de la oposición sobre cómo piensa garantizar la independencia de las resoluciones del Tribunal, o cuáles son las auditorías en cuya realización deberá obligatoriamente inhibirse por entrar en colisión con su actividad política pasada.

Los votos del PNV y del PSE han impedido esta lunes que tenga que justificarse ante la Cámara. La petición, realizada por UPyD, ha sido rechazada en Comisión por la mayoría de 8 votos a 7 conformada por el partido en el Gobierno vasco y su aliados, los socialistas, que quieren pasar página y enterrar rápido el escándalo suscitado hace unos meses con el nombramiento de José Luis Bilbao, ex diputado general de Bizkaia, para dirigir el TVCP.

El debate se ha sustanciado en pocos minutos entre las críticas de PP, EH Bildu y UPyD. Sus portavoces han denunciado la politización y la “puerta giratoria” que ha permitido la elección de Bilbao y el elevado volumen de informes sobre los que se verá obligado a inhibirse. Sus intervenciones han constituido una breve repetición de los argumentos expuestos cuando se conoció la candidatura del ex diputado general para presidir el tribunal.

"El zorro en el gallinero"

José Luis Bilbao (Bilbao 1957) pertenece a la generación de cuadros del PNV forjada en Bizkaia, junto al actual lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del partido, Andoni Ortuzar, que dirigen la formación nacionalista desde hace ya más de una década. Es licenciado en Ciencias Económicas pero toda su vida laboral ha estado dedicada a la política desde que en 1983 fuera elegido procurador a las Juntas Generales. A partir de entonces ocupó distintos cargos en la Administración Pública vizcaína.

Presidió la Diputación foral -la institución más poderosa después del Gobierno vasco- a lo largo de doce años (2003 –2015), hasta que decidió no presentarse en las últimas elecciones del pasado mayo. Su partido lo premió entonces con su recolocación al frente del órgano encargado de fiscalizar a administraciones como la que él abandonaba.

El salto se produjo de inmediato. Era todavía presidente de la Diputación en funciones cuando fue elegido en junio vocal del Tribunal de Cuentas, paso previo para poder situarse al frente del órgano fiscalizador, a primeros de julio. Su nombramiento vino precedido de una gran tormenta política.

Sólo el PSE-EE asumió su candidatura como una más de las obligaciones de los pactos que mantiene con el Gobierno de Urkullu. El resto de los grupos parlamentarios consideró inadmisible que quien había gestionado millones de euros de dinero público fuera a presidir el tribunal encargado de controlar a las administraciones vascas. Situar a Bilbao en el TVCP era tanto como "poner al zorro a cuidar el gallinero", expresó EH Bildu gráficamente en un comunicado.

Politización del Tribunal

Su elección se produjo con el apoyo de su partido y de los socialistas vascos, que votaron en el Parlamento a sus cinco candidatos (tres del PNV, dos del PSE-EE), y facilitaron que los otros dos vocales del Tribunal fueran elegidos a propuesta del PP y de EH Bildu respectivamente. UPyD se marchó de la votación para denunciar la “politización” del máximo órgano auditor de la comunidad autónoma, cuya composición depende de las negociaciones, acuerdos y mayorías de la Cámara.

La ley de creación del TVCP data de 1988 y no fija ninguna restricción para que un cargo público pueda pasar directamente de la Administración a integrar el Tribunal. En el resto de España, salvo en las Islas Baleares, el salto dado por José Luis Bilbao hubiera sido imposible. La decena de órganos que fiscalizan la función pública en las distintas autonomías, al igual que el Tribunal de Cuentas del Reino de España, establecen que medie un plazo que oscila entre uno y cinco años.

A la vista del mecanismo utilizado por el PNV para recolocar a uno de sus principales activos, PP y EH Bildu decidieron presentar sendas proposiciones de ley para llevar a cabo una reforma legislativa que impida que situaciones como ésta puedan repetirse en el futuro. A estas iniciativas ya en marcha se ha aferrado en la Comisión de esta mañana la parlamentaria del PSE-EE para rechazar la comparecencia del nuevo presidente del TVCP.

Antecedentes convulsos

El predecesor de Bilbao en el cargo, José Ignacio Martínez Churiaque, elegido a instancias del PP en la legislatura anterior, se despidió de su puesto pidiendo también una “modernización” normativa. Denunció el funcionamiento del Tribunal, más similar a un Parlamento y sus mayorías políticas que a un organismo regido por criterios profesionales, y cuestionó la opacidad existente bajo el escudo de la confidencialidad que abogó por levantar.

Su mandato fue muy polémico y el final, convulso. Designado con el apoyo del PSE-EE, se quedó en minoría cuando los socialistas votaron a favor de la ausencia de irregularidades en un proyecto [Epsilon] financiado con dinero público. El acuerdo modificaba el criterio de los auditores técnicos, que detectaron graves anomalías, y Martínez Churiaque lo denunció públicamente en una actuación sin precedentes.

El informe sobre San Mamés

Inmune a las críticas de la oposición el PNV no dudó en seguir avalando el nombramiento de Bilbao. “Cuenta con mi confianza de que actuará con plena independencia”, defendió el lehendakari, Iñigo Urkullu, que alabó “la preparación, los conocimientos y su trayectoria de entrega al servicio público” cuando fue convocado por UPyD a explicarse ante el Parlamento.

El ex diputado general de Bizkaia está obligado a inhibirse en la fiscalización de actuaciones llevadas a cabo por la institución vizcaína cuando él la presidía. No hay un cálculo oficial de las auditorías en las que Bilbao no podrá participar, aunque Gorka Maneiro, de UPyD, ha mencionado hoy en la Comisión parlamentaria la posibilidad de que afecte a “un tercio” de los asuntos encomendados al TVCP.

La relación puede ser amplia porque además de dirigir el ente foral lo representaba en las empresas públicas participadas por la institución, que están sometidas también al control del Tribunal, y formaba parte del Consejo vasco de Finanzas, foro en el que se distribuyen los recursos entre las distintas instituciones vascas. Las cuentas de la Diputación del ejercicio de 2014, bajo mandato de Bilbao, están aún sin auditar al igual que lógicamente las de este año, bajo su tutela hasta julio. Así mismo el órgano auditor fiscaliza la ejecución presupuestaria de muchos ayuntamientos controlados por su partido, el PNV.

A los informes de carácter ordinario se añaden los extraordinarios, controvertidos ya desde su inicio. Por de pronto el TVCP analiza la construcción del campo de fútbol del Athletic, promovido por San Mamés Barria con la participación de las administraciones públicas vascas. Bilbao, como diputado general, fue uno de los principales impulsores del acuerdo institucional con el club rojiblanco por el que la Diputación, el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Bilbao aportaron más de cien millones de euros a la edificación del nuevo San Mamés. El informe fue incorporado al plan de trabajo del Tribunal por acuerdo del Parlamento a instancias de una solicitud del PP.