El PSOE quiere que el ingreso mínimo sea un derecho constitucional

Pedro Sánchez apretó el botón. Era el 2 de septiembre de 2011 y el hoy secretario general del PSOE era entonces un discreto diputado que arropaba al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El principio de estabilidad presupuestaria quedaba blindado en la Constitución con el apoyo del PP y del PSOE y tras una intensa presión de las instituciones europeas.

Cuatro años después, ya como candidato a La Moncloa, Sánchez quiere enmendar el polémico artículo para incluir "el derecho a una renta o ingreso mínimo vital" y así mejorar "la regulación actual sobre protección a las familias", según un documento del PSOE al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El ingreso mínimo vital, inspirado en la renta básica o renta garantizada de Podemos, fue presentado en julio como un salvavidas para 750.000 familias que no reciben ningún ingreso. La cuantía de cada prestación no ha sido concretada, pero sí su naturaleza, que será no contributiva (es decir, que no hará falta hacer ningún aporte previo para disfrutarla).Como Podemos, el PSOE prevé aumentar la cuantía del subsidio en realción al número de hijos y para otorgarla sólo se tendrán en cuenta los ingresos del hogar, no la situación laboral de los padres.

Sin embargo, mientras que el partido de Pablo Iglesias ha cifrado en 15.000 millones el presupuesto para su "renta mínima garantizada", el PSOE no ha ofrecido cálculos recientes desde que en julio avanzara que supondría 6.000 millones al año para las arcas públicas. Está por ver que el PSOE incluya alguna de estas concreciones en la redacción del artículo, que debería consensuarse con el resto de fuerzas políticas. 

La modificación de este artículo, el 135, está en el origen del progresivo distanciamiento entre el actual líder del PSOE y Zapatero. Sánchez, que en varias ocasiones se ha desmarcado de la decisión de 2011, prevé incluir además la protección por parte de la Seguridad Social y el acceso a la salud "como derechos fundamentales", según el borrador de la propuesta.

Sin concreción en lo territorial

La reforma de la Carta Magna prevé otras medidas, pero no avanza en el diseño de un nuevo modelo territorial que acabe con las tensiones entre el Estado y las comunidades autónomas, particularmente la catalana. 

La Constitución que quieren los socialistas incluirá la reforma del Senado, un "principio de lealtad federal entre el Estado y las comunidades autónomas, mejorar el régimen de cooficialidad de las lenguas de España" y "clarificar" el sistema de competencias para evitar el habitual aluvión de recursos ante el Constitucional por parte de las comunidades. El documento del PSOE hace referencia a la Declaración de Granada, un pacto de barones de 2013, considerado dentro y fuera del partido como un mero mínimo común denominador que no resuelve el desafío catalán ni los demás desequilibrios territoriales.

Laicidad y Europa

Entre las nuevas medidas está la de "actualizar y consolidar el principio de laicidad" en la Constitución, que ahora sólo contempla el carácter aconfesional del país. También incluye "reconocer el carácter vinculante del derecho europeo y su primacía respecto del derecho interno", algo que podría concitar el rechazo de los partidos que reclaman una afirmación de la soberanía española frente a imposiciones dictadas desde la UE. 

Las demás propuestas del PSOE son conocidas y habían sido ya formuladas. Incluyen la limitación del aforamiento de parlamentarios y el cambio en el método de elección de miembros de órganos como el Consejo General del Poder Judicial, que ahora depende de los partidos políticos.