El gobierno de Alberto Fabra en la Comunidad Valenciana preadjudicó 42 canales de TDT estando en funciones y en vísperas del pleno de investidura que aupó al socialista Ximo Puig a la presidencia de la Generalitat después de 20 años de reinado del PP.
El nuevo Consell, que tenía entre sus objetivos iniciar desde cero un nuevo concurso para reorganizar el mapa de la televisión digital terrestre de ámbito local, se ve ahora obligado a culminar el proceso que dejaron atado los populares. Una situación que desde la Presidencia de la Generalitat han calificado de "podrida" porque supone adjudicar 42 canales con criterios fijados hace 10 años y sin tener en cuenta que desde entonces hay empresas que han cambiado de manos, están en quiebra, se han vendido licencias, etc.
Un canal para la Gürtel
Fue el gobierno de Francisco Camps quien realizó el reparto de TDT en 2006 con unas adjudicaciones que beneficiaron a empresas afines. Entre las más beneficiadas, con una decena de canales, estaba la empresa del empresario leonés José Luís Ulibarri, imputado en Gürtel. Este reparto fue anulado por el Tribunal Supremo en 2012 porque la Generalitat delegó en una empresa privada el baremo para las empresas que se presentaron al concurso de TDT. Desde entonces, el gobierno valenciano tenía pendiente resolver la situación y realizar una nueva adjudicación de los canales.
El nuevo gobierno que encabeza el socialista Ximo Puig tenía entre sus previsiones convocar un nuevo concurso para reorganizar el mapa de la TDT valenciana. Este era, junto con la reapertura de Radio Televisión Valenciana, uno de los principales cometidos del secretario autonómico de Comunidación, José María Vidal. Sin embargo, tal y como han explicado este jueves desde Presidencia, el nuevo gobierno se ha encontrado con la preadjudicación ya firmada por la mesa de contratación y a falta de la aprobación definitiva por el pleno del Consell.
Una 'mina' para el nuevo Ejecutivo
Desde el ejecutivo autonómico han explicado que pidieron un informe a la Abogacía de la Generalitat para saber si este acuerdo era de obligado cumplimiento o podían seguir con sus planes y comenzar desde cero. "Tenemos que seguir adelante, no hay otra alternativa porque de lo contrario podríamos tener una lluvia de demandas (...) No hay más remedio que adjudicar", han indicado. Estas fuentes han hablado de una situación de anormalidad porque se tendrán que hacer adjudicaciones en base a un concurso de 2005 cuyos pliegos recogían, por ejemplo, criterios caducados como emitir programación de la Copa América de 2006.
Tampoco el mapa de empresas que se presentaron entonces al concurso es el mismo. Por ejemplo, la empresa de Ulibarri que resultó adjudicataria hace diez años está ahora liquidada. Así que la Generalitat va a iniciar ahora reuniones con las empresas a las que deberán adjudicar los canales. Algo que harán siempre y cuando cumplan los requisitos econonómicos y financieros, ya que no podrán seguir adelante con aquellas que estén en situación de quiebra.
¿Por qué el gobierno de Fabra realizó esta preadjudicación en vísperas del cambio de Gobierno? Desde la Generalitat han apuntado más a la intención de dejar una 'mina' política y legal al nuevo ejecutivo que a la intención de consolidar un mapa de TDT afín al PP.