Como viene sucediendo desde que comenzara su instrucción hace ya casi cinco años, el caso de los ERE vuelve a sacudir la campaña electoral del PSOE en Andalucía, esta vez en plena precampaña y afectando de nuevo a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros cincuenta ex altos cargos de la administración autonómica. La jueza instructora del caso, María Núñez Bolaños, acaba de abrir diligencias para continuar la instrucción de una pieza separada del caso por "la posible existencia de un delito continuado de prevaricación".
Núñez Bolaños avanza así en la división de la causa que inició en julio. Por tanto, el paso dado entra dentro de la normalidad y puede contribuir a que se aceleren los tiempos. Todo apunta a que esta rama política del caso podría ser el primer juicio por este escándalo y que se celebraría a finales de 2016.
Fue el pasado 12 de noviembre cuando la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla recibió doce cajas cargadas con miles de folios de la causa sobre los ERE que estaba en el TS, tras haberse declarado este incompetente una vez se recibió comunicación del Congreso de los Diputados que ya no había ningún aforado. El último en dejar su acta de diputado fue ex consejero de Empleo José Antonio Viera, que lo hizo de manera forzosa y tras un desafío a su propio partido, mientras Chaves y Griñán si habían abandonado meses antes sus escaños.
En esta pieza separada están incluidos tanto los aforados del Supremo como los de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y quienes no teniendo escaño en ninguna cámara, fueron señalados por la anterior instructora, Mercedes Alaya, de ahí la abultada lista. Además de Chaves y Griñán, están nueve ex consejeros (Carmen Martínez Aguayo, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Martín Soler, Antonio Ávila, Manuel Recio y Francisco Vallejo) y seis directores generales, entre los que se encuentra el de Empleo, Francisco Javier Guerrero, el principal imputado esta causa. A ellos se suman otros altos cargos y responsables de la agencia pública Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y que luego pasaría a llamarse Idea. También aparece el presidente de Unicaja, Braulio Medel, ya que fue miembro del consejo rector de esta agencia.
Delito de prevaricación
De acuerdo con este auto, para la juez todos ellos podrían ser penalmente responsables de un “delito continuado de prevaricación” al poner en marcha presuntamente de forma “consciente y activa” el denominado “procedimiento específico” para pagar las ayudas sociolaborales a empresas en crisis entre el 2001 y el 2010. Así, "se inició la implantación del sistema de transferencias de financiación como sistema de ayudas a las empresas por razones sociolaborales y por otros motivos diversos", señala la instructora, que recuerda que las transferencias no se podían usar con ese fin.
Según reza en el auto, las transferencias de financiación se utilizaron por parte de Viera siendo consejero de Empleo y del director general de Trabajo para conceder subvenciones, y se formalizó en un convenio marco de colaboración en 2001 con el antiguo IFA para la materialización de ayudas en materia de Trabajo, sin contar con el visto bueno de la intervención general ni por el gabinete jurídico de la Junta. El convenio fue utilizado de manera ininterrumpida hasta 2010 y sin renovación expresa.
"La cocina" de Chaves
Además, aprecia ilegalidad en el hecho de la finalidad que se le daba a esta partida presupuestaria, ya que las transferencias de financiación no son para la concesión de subvenciones, sino para los gastos de explotación o costes de la gestión ordinaria de una empresa. También ve incorrecto que este sistema de transferencias de financiación a través de IFA como vía para dar subvenciones y bajo el paraguas de las sucesivas leyes de presupuestos.
Para el PP andaluz, este auto de la jueza apunta a que “la verdadera cocina” de este caso estaba en el despacho de la Presidencia de la Junta, ocupado por Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes actuaban como “chefs de excepción”, informa Europa Press. Mientras, desde Podemos se espera que el caso avance “a mayor velocidad” y que tanto Griñán y Chaves, como los otros 50 altos cargos imputados, declaren “pronto” y que “aclaren si, como apunta las líneas del auto, hay prevaricación continuada o no”.