Los Mossos d'Escuadra intentaron comprar en 2013 dos sistemas de escucha para pinchar teléfonos. Los dispositivos, fabricados según fuentes del sector por una empresa israelí, son capaces de interceptar hasta 200 terminales en un radio de acción determinado (en función de su potencia) y cuestan 2,8 millones de euros por unidad. El aparato, del tamaño de una maleta y que finalmente no llegó a manos de la policía autónoma catalana, es capaz de intervenir las comunicaciones fuera del Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL), la red que sirve para interceptar conversaciones telefónicas en España bajo autorización judicial.
Según fuentes conocedoras de la operación, el intento de compra se realizó en 2013, cuando responsables de la policía catalana entraron en contacto con uno de los principales fabricantes de este tipo de aparatos en el mundo. Una empresa israelí que opera en suelo español y surte de material tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil. En función de la potencia y la capacidad de interceptación, el precio de un sistema de este tipo oscila entre los 700.000 euros y los 3,5 millones.
Según la normativa vigente sobre este tipo de dispositivos, cualquier empresa que comercie con ellos en España tiene que informar puntualmente de sus ventas al Ministerio del Interior, ya que solo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pueden acceder a ellos. Finalmente, los sistemas de escucha no llegaron a manos de de los Mossos pero las versiones difieren sobre el motivo.
El veto de Interior
Por un lado, fuentes de la industria del armamento mantienen que la operación se abortó por cuestiones burocráticas, ya que cada comprador y vendedor debe tener un certificado de autorización expresa emitido por las autoridades. Desde 2006 la legislación catalana otorga a la policía autonómica competencias en labores de inteligencia y autoriza de forma expresa el uso de "medios técnicos" en sus operaciones. Sin embargo, fuentes de la Seguridad del Estado reconocen que la operación no gustó en el Ministerio del Interior, que vetó el acceso de los Mossos a los aparatos.
Este tipo de sistemas se pueden comprar en mercados internacionales como Rusia o Israel, donde la legislación sobre esta tecnología es relativamente más laxa. Sin embargo, quienes eligen esta segunda vía se encuentran con el problema de tener que importar de contrabando los sistemas de escucha. O conseguir una autorización expresa del Ministerio del Interior. Quienes optan por burlar la normativa se exponen a importantes penas de prisión por contrabando.
El CNI catalán
El intento de comprar sistemas de escucha coincidió en el tiempo con un informe hecho público en Cataluña. El documento, aireado en el Parlament por el Partido Popular y Ciudadanos, hablaba sobre la creación de un centro de espionaje catalán. Una especie de Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pero con competencias autonómicas llamado Cesicat. En aquel momento, fue el propio Artur Mas quien negó la existencia de un plan para crear un servicio de inteligencia paralelo a las órdenes de la Generalitat y atribuyó la existencia del informe a los servicios secretos españoles.
Sin embargo, el interés de los Mossos por los pinchazos telefónicos de aquellas fechas dejó huella. El pasado mes de junio, piratas informáticos consiguieron una copia completa de los servidores de una empresa de seguridad italiana, llamada Hacking Team. En sus buzones de correo, se localiza un email enviado en octubre de 2013 a Tomás Copete, responsable del departamento de Medios Técnicos de los Mossos D'Escuadra. En él, uno de los comerciales de Hacking Team le alerta de la salida al mercado de su nuevo modelo de software para infiltrar teléfonos. Las comunicaciones entre ambos se repiten en varias ocasiones hasta 2015.