El fraude de los fondos de formación en Andalucía se investiga con boli y papel

Las 170 toneladas de documentos que anunció el Gobierno andaluz para la comisión de investigación por los fondos en formación para el empleo en el Parlamento aún no ha llegado en su totalidad a su destino. Ni tampoco dentro de plazo. Y los expedientes que han llegado están bajo llave, custodiados por un vigilante de seguridad y en cajas apiladas en una habitación. Sólo puede entrar dos personas para su consulta: dos diputados o un diputado y un asesor. No pueden fotocopiar ni escanear documento alguno. Ni siquiera hacer una foto con el móvil. Sólo boli y papel como instrumentos de trabajo en plena era digital.

Esta es la realidad que describen desde Podemos, PP e IU a la hora de analizar la documentación que con “cuentagotas” y tarde está remitiendo el Ejecutivo andaluz. Podemos ya ha anunciado que pedirá amparo al presidente de la comisión, Julio Díaz (Ciudadanos). El PP no lo ha pedido, pero sí coincide con Podemos en que convoque de manera urgente a la comisión de investigación para discutir cómo está siendo este proceso. Quieren explicaciones porque entienden que el PSOE, con la connivencia de C’s, está convirtiendo la comisión en una auténtica “tomadura de pelo”.

Para los parlamentarios de Podemos, PP e IU todo responde a una estrategia de bloqueo para que ningún papel pueda comprometer la campaña electoral. Ya logró el PSOE esquivar que hasta el 20D hubiera comparecencias. La más espinosa de todas, la de Susana Díaz.

La comisión, constituida a principios de octubre, está atascada pero las maniobras dilatorias de los socialistas para el PP son algo más. Apuntan a que tal vez quieran también ganar tiempo para “arreglar” algunos informes. Como prueba tienen el expediente de una ayuda a UGT para obras en un centro de formación y al que el sindicato renunció antes de que se hiciera una reclamación del dinero y devolvió el anticipo.

En esta comisión de investigación se busca averiguar si hubo responsabilidades políticas en este escándalo que suma 300 detenidos, entre ellos, ex consejeros y altos cargos de la Junta, y por el que hay diligencias abiertas en 18 juzgados andaluces. Se investiga el desvío de fondos para la formación para parados y autónomos y que se concedían a empresas a través del Servicio Andaluz de Empleo (unos 3.000 millones fueron desviados, según el PP, aunque lo que la Junta concedió desde 2002 hasta 2011 fueron 1.613 millones). Muchos de esos cursos recibieron subvenciones y nunca se organizaron, por tanto, son presuntos delitos de delitos de falsedad, estafa y fraude.

Más facilidades en la comisión de los ERE

IU no quiere entrar en la discusión de pedir amparo al presidente de la comisión o que esta se convoque. Desde el principio han interiorizado que el PSOE va a hacer todo lo posible porque la comisión quede en nada. Muy distinto fue lo que pasó en la comisión de los ERE (aquella fue bajo la Presidencia en la Junta de José Antonio Griñán). Los diputados de IU tienen experiencia y con qué comparar, y saben desde el principio que lo que persigue el PSOE y C’s es desactivar la investigación.

En el escándalo de los ERE, los documentos que se solicitaban llegaban en tiempo y forma, con copias para todos los partidos, y eran accesibles para todos los técnicos y asesores que ayudaban en el estudio de los documentos. Dos armarios llenos hasta arriba de informes tuvo IU para su examen en las oficinas de su grupo parlamentario.

Ahora hay una habitación custodiada por un vigilante y una cámara de seguridad en la que tan sólo pueden acceder dos personas. Nada ni nadie indica qué documentos están en cada caja y son cantidades ingentes de papeles. A la vista de la situación, los dos diputados de la coalición de izquierdas en esta comisión, Elena Cortés y José Antonio Castro, (acudieron acompañados de un técnico y se le negó el paso) tal como entraron, se marcharon.

Desde Podemos insisten en que tampoco hace falta que se les envíen 170 toneladas de papel ni 31 millones de folios. Ni una tonelada tampoco. Según la diputada Esperanza Gómez, con unos “pocos folios” en los que se les aportara la formación requerida es suficiente. Opinan que el Gobierno andaluz confunde cantidad con transparencia.

El Ejecutivo de Susana Díaz dice en su defensa que la comisión ya cuenta con abundante información para empezar a trabajar y que se seguirá remitiendo más. El problema en esta comisión, por ahora, lo ven sólo en el PP, al que acusan de gustarle “más el ruido que el trabajo”.

El papel de Ciudadanos es complicado en esta comisión. Se le ha acusado por los otros tres partidos de ser la oposición de la oposición en cualquier decisión que se ha tomado en la comisión. Dudó en la petición de comparecencia de Susana Díaz. Su líder en Andalucía, Juan Marín, no la veía oportuna, y fue corregido por el líder a nivel nacional, Albert Rivera, que anunció que se pediría la de la presidenta andaluza, pero también la de la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

La formación naranja quiere llevar al terreno de la normalidad la investigación. En un mitin de precampaña, el líder de C’s en Andalucía, Juan Marín, ha afirmado que los políticos deben acostumbrarse a comparecer en comisiones con total claridad y transparencia “sin que ello sea noticia”. El problema es cuando, como en Andalucía, esta es la segunda comisión de investigación después de veinte años sin ninguna.