El economista y presidente de Banco Madrid hasta su intervención, José Pérez, y la ex directora general del Tesoro en la época de José Luis Rodríguez Zapatero y miembro del Consejo de Administración de la entidad, Soledad Núñez, han sido citados a declarar en calidad de imputados por Fernando Andreu, juez de la Audiencia Nacional. Les ha citado, junto al resto de miembros del Consejo de Administración de la entidad, para responder por un delito de blanqueo de capitales.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes jurídicas, están citados para los días 21 y 22 de diciembre por presuntamente haber participado o consentido que desde Banco Madrid se blanqueara dinero. Entre sus clientes más sospechosos para el servicio de inteligencia financiero se encuentran ex dirigentes del Gobierno venezolano de Hugo Chávez, y el mafioso ruso Andrei Petrov.
Entre los miembros del Consejo de Administración también están Joan Pau Miquel Prats, Ricard Clement y Rodrigo Achirica, quienes serán interrogados después de que el magistrado haya admitido la petición solicitada por el querellante, una sociedad cliente del banco que se vio perjudicada después de que el Banco de España interviniera la entidad en marzo y como consecuencia tuvo que ir a concurso de acreedores. En el caso de Prats, también consejero delegado de BPA, no acudirá a la Audiencia al encontrarse preso en Andorra desde que fue detenido tras la intervención del banco bajo la sospecha de que habría ingresado comisiones de la mafia china a cambio de centrifugar los importes provenientes de la trata de personas.
Lo ocurrido con la cúpula de Banco Madrid llamó mucho la atención porque alguno de sus miembros había estado vinculado a instituciones de especial relevancia como es el Banco de España. En el caso de Pérez, fue director general de Inspección con Luis Ángel Rojo como gobernador del Banco de España y asesor externo durante la crisis del sucesor en el organismo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
En el caso de Núñez, como directora general del Tesoro formó parte del consejo del Banco de España que en 2011 autorizó que que el BPA se hiciera a través de Banco Madrid con ficha bancaria en España. Tres años después, fue fichada por Pérez como consejera de la entidad.
Los Cierco se salvan
El magistrado evita imputar, por ahora, a Higini y Ramón Cierco, accionistas mayoritarios de Banco Madrid y de la central Banca Privada de Andorra. El magistrado entiende que los dueños de BPA y Banco Madrid viven en Andorra y por lo que les notificó la querella en su día a través de una comisión rogatoria. A pesar de formar parte de numerosas empresas en Cataluña, de las cuales son presidentes en alguna de ellas y en el caso de Ramón es directivo del Fútbol Club Barcelona, el magistrado ha optado por tenerles como domiciliados en Andorra. Al ser otro país, el proceso es más lento y por lo que si les quiere citar como imputados también deberá hacerlo a través de comisión rogatoria.
Los Cierco recientemente reclamaron al Gobierno de Andorra 365 millones de euros por la actuación del supervisor bancario INAF en la crisis de la entidad. A su juicio, no se gestionó correctamente la información enviada por Estados Unidos sobre la presunta participación en el blanqueo de capitales de sus clientes. El Tesoro norteamericano emitió un alarmante informe en el que sostenía que el BPA habría ayudado a las mafias china y rusa, así como a dirigentes chavistas, a blanquear el dinero procedente de actividades ilegales. A raíz de esta información, Andorra intervino el BPA y España su filial, el Banco Madrid.
Paralelamente, el servicio de inteligencia financiera, Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, había elaborado un informe, remitido a la Fiscalía Anticorrupción, en el que se alertaba de varios clientes del Banco Madrid que la entidad no tenía que haber aceptado. Entre ellos se encuentra el presunto cabecilla de una organización criminal rusa, Andrei Petrov, recientemente condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña e imputado en la Audiencia Nacional.
También se pone la lupa en el ex viceministro de Energía venezolano, Nervis Gerardo Villalobos; el ex viceministro de desarrollo eléctrico de este mismo país, Javier Alvarado; un antiguo capitán del ejército chavista, Carlos Luis Aguilera o la empresario Omar Jesús Farías, quien parece, según recoge el Sepblac en su informe, que podría estar acusado de corrupción en Venezuela.
Los blanqueadores, fuera del caso
En este documento, el Sepblac incoó expediente sancionador a Banco Madrid y a su Consejo de Administración por presunto incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales. Sin embargo, en la composición no se encontraba Soledad Núñez sino su antecesor, Luis César Jayme, y quien habría estado en la toma de decisiones respecto de la admisión de los clientes sospechosos.
Sin embargo, en la querella que Andreu admitió a trámite se señalaba a Núñez una vez que la causa se centra en el último Consejo de Administración antes de la intervención por parte del Banco de España. A pesar de estar imputados por blanqueo, sin embargo, a los clientes blanqueadores no se les está investigando.
En su auto de admisión, Andreu explica que los querellados, como consejeros de Banco Madrid, “pusieron la entidad a disposición de quienes quisieran blanquear dinero, suprimiendo o minimizando los controles internos a que venían obligados, no sólo representándose y asumiendo la posibilidad de que fuera utilizada para mover u ocultar fondos de origen delictivo, sino incluso ofreciendo la entidad para dichos fines”.
El magistrado acepta investigar el caso porque entiende que la entidad podría haber causado numerosos perjuicios, no solo a los depositantes e inversores sino a la propia entidad y a la economía nacional en su conjunto. Sin embargo, el juez de lo Mercantil que lleva el concurso de acreedores ha certificado que el banco tiene activos suficientes para satisfacer todos los acreedores, por lo que a día de hoy ese perjuicio del que habla el instructor habría quedado reducido.