Hace apenas un mes la juez instructora del caso de los ERE, María Núñez Bolaños, abría diligencias para la instrucción de una pieza separada y que afectaba a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 50 ex altos cargos de la Junta. Y hace apenas cuatro días solicitaba a la Junta las agendas de estos y otros consejeros desde el año 2000. Pero el caso ha sufrido un nuevo giro. La jueza acaba de proponer el traspaso de esta, la pieza más importante y política del caso, y otras seis más al que es su juez de refuerzo, Álvaro Martín.
El objetivo no es otro que acelerar los tiempos para una causa que arrastra ya cinco años de instrucción, y posibilitar la celebración de los primeros juicios a lo largo de 2016.
Por el momento, no es más que una propuesta, y nace del acuerdo entre los dos magistrados. Esta será aprobada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y ratificada por el Consejo General del Poder Judicial. De prosperar, Martín dejaría los asuntos ordinarios y se dedicaría a la instrucción de estas seis primeras piezas del caso ERE, pero se trata de un acuerdo temporal y se revisaría en el plazo de tres meses.
En la petición, se incluye además una solicitud para crear una Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción, lo que se traduce en pedir ayuda a magistrados especializados en otras jurisdicciones.
Otras razones
Aunque la cesión de estas piezas, en especial, la pieza política, pueda estar vinculada a esa intención de acelerar los plazos, también se podrían barajar otras razones. Una de ellas podría ser la de compensar al juez Martín, ya que éste es quien se postulaba en junio para asumir la causa en sustitución de Mercedes Alaya, tras lograr esta una plaza en la Audiencia de Sevilla. Al final fue Núñez Bolaños quien logró el puesto por escalafón, quedándose Martín de refuerzo.
Tampoco podría descartarse una vía de escape de Núñez Bolaños y evitar que se intoxique la instrucción, dada la relación de amistad que mantiene con el hoy consejero de Justicia, Emilio de Llera. Un vínculo que se debe a que De Llera es fiscal en excedencia. Además, Martín es representante de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura en Andalucía occidental.
La propia Mercedes Alaya, cuando intentó descalificar a su sucesora, no dudó en apuntar en esa dirección. En un informe que remitió al CGPJ, Alaya no sólo cuestionaba la capacidad profesional de Núñez Bolaños, sino que aseguraba que le “inquietaba” esa “estrecha amistad” con De Llera, “notorio detractor del trabajo de esta instructora”, rezaba el documento.
"Situaciones de conflicto"
El TSJA decidió apartar del caso el pasado octubre a Alaya, ahora en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, por su “clara voluntad de no colaboración” con la juez titular, María Núñez Bolaños, y para “evitar un escenario en el que surjan situaciones de conflicto” entre ambas magistradas, lo que fue ratificado posteriormente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Con este movimiento de piezas, Núñez Bolaños también podría avanzar en otras causas no menos importantes que tiene sobre su mesa: los cursos de formación, los avales y préstamos de la Junta a empresas y Mercasevilla. También se desembaraza de un caso con un enorme peso político y que podría ser el primer juicio por este escándalo y que se celebraría a finales de 2016.