Políticos corruptos, una falsa ONG y un duque sediento de dinero y ambición
El juicio que salpica de lleno a la Casa Real y a Urdangarin va a poner en la palestra la corrupción del poder en España.
11 enero, 2016 02:59Noticias relacionadas
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Arranca el juicio del año. 600 periodistas acreditados de 90 medios de comunicación, veinte de ellos internacionales. La expectación por ver a la infanta Cristina de Borbón sentada en el banquillo junto a otros 17 acusados es evidente. Durante aproximadamente seis meses pasarán ante el tribunal, testigos y peritos que irán analizando punto por punto el papel de cada uno de los acusados. El 'caso Nóos' es una trama de corrupción en la que aparecen involucrados políticos y funcionarios, quienes habrían delinquido para favorecer al yerno del Rey en aquel momento. Aquí exponemos los ejes claves de la trama.
1. Instituto Nóos
Es el epicentro de la trama. En 2003, Iñaki Urdangarin, marido de la infanta, asume la presidencia, con su socio Diego Torres como vicepresidente. Supuestamente se trataba de una especie de ONG dedicada a fines sociales altruistas. La realidad era bien distinta. Los dos socios vendían “humo” para obtener recursos económicos procedentes de organismos públicos y compañías privadas, que luego fueron destinados a nutrir entidades mercantiles propiedad de Urdangarin y Torres. Para dotar de mayor credibilidad y solvencia, colocaron a Cristina de Borbón de vocal del instituto, y a su secretario, Carlos García Revenga, de tesorero.
2. 'Modus operandi'
Su forma de actuar era sencilla. Gracias a la vinculación de Urdangarin con la Casa Real, las puertas de los máximos dirigentes autonómicos se abrían prácticamente de manera automática. Tras reunirse con ellos, sólo hay que buscar la fórmula para conseguir llevar dinero público a Nóos evitando los trámites legales. Una vez conseguido el dinero, en total hasta seis millones de euros, se iba desviando a sociedades previamente creadas con la única finalidad de sacar el dinero público. Desde éstas, ciertas cantidades saltaban a cuentas en paraísos fiscales.
3. Principales colaboradores
Por su responsabilidad política, el ex presidente balear, Jaume Matas, fue quien ordenó se concedieran dos convenios de colaboración al Instituto Nóos por una cantidad muy por encima al trabajo realizado, además de buscar la fórmula para evitar someterlos a concurso público. En Valencia hicieron exactamente lo mismo. Incluso se llegaron a reunir con el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y la alcaldesa, Rita Barberá, en el Palacio de la Zarzuela. Sin embargo, ellos han tenido más suerte que Matas y se han librado del juicio. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia no vio indicios de delito en su actuación y se negó a investigarlo. Junto a ellos hay otras dos figuras clave: Marco Antonio y Miguel Tejeiro, hermanos de Ana María, esposa de Diego Torres, todos ellos acusados. Participaron en la creación de las mercantiles para desviar los fondos públicos y gestionaron la facturación falsa de Nóos para justificar trabajos inexistentes.
4. Fundación Illesport
Es el organismo público que funcionó como eje central de la mayoría de contratos y convenios de colaboración a través de los que se canalizaron las distintas actividades delictivas. La manera de evitar los concursos públicos era conceder convenios de colaboración. Éstos se hacían a través de esta fundación, que asumía íntegramente los coste económicos. Se daba la circunstancia que Matas era el presidente de la Junta Rectora de la Fundación y, por tanto, era quien tomaba las decisiones. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, todas las actas firmadas en la Fundación eran simuladas. Una "farsa orquestada" por Matas, con el fin de aparentar que era dicho órgano quien tomaba las decisiones cuando realmente las tomaba él al ostentar, de facto, el dominio sobre la gestión del organismo.
5. Trampas en los convenios
Uno de los puntos que debe desentrañar el tribunal es si los distintos organismos públicos firmaron con el Instituto Nóos convenios de colaboración en vez de un contrato público por la prestación de servicios que exigía someterlo a concurso. La ley dice que los convenios suponen una colaboración institucional para llevar a cabo una actuación en respuesta de objetivos compartidos. Como requisitos se exige que ninguna de las partes tenga interés patrimonial y no se manifieste una contraposición de intereses. Los tres magistradas que componen el tribunal deberán resolver si la firma de estos convenios fue una maniobra para saltarse la ley.
6. Facturas falseadas
En el juicio se expondrán las facturas que Urdangarin y Torres presentaron para justificar que habían empleado todo el dinero público aportado a Nóos para llevar a cabo los proyectos, una vez que el Instituto era una asociación sin ánimo de lucro. No sólo no fueron capacez de justificar gastos por el mismo valor que el presupuesto concedido sino que las presentadas carecían la mayoría de sentido. Para justificar servicios para desarrollar un evento, entregaban facturas de otras fechas y otro lugar, que coincidían con otro evento que estaban desarrollando. Dos ejemplos muy ilustrativos: para justificar pagos en el convenio de 2006, entregaron facturas de billetes de Air Europa por un importe de 40.000 euros cuando tenían un convenio con esa compañía por el que se les concedía vuelos por importe de hasta 50.000 euros. Otra de las trampas fue el supuesto contrato de 65 becarios. Hubo 65 facturas emitidas por 65 personas diferentes pero resulta que todas ellas son emitidas el mismo día, todas son la factura número 1 del año a pesar de ser noviembre; y todas tenían el mismo formato; además de ser un número desproporcionado de empleados para un evento que congregó a cien personas.
7. Entramado societario
La operativa de Urdangarin y Torres era simple y sencilla: Se fijaban por el Instituto Nóos unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba para la Administración Pública. Tras rexibir los fondos, simulaba la contratación de servicios a mercantiles controladas por los dos socios. Estas sociedades son las siguientes: Noos Consultoría Estratégica (Torres de administrador única y Urdangarin de presidente); Aizoon S.L. (Urdangarin como administrador único y la infanta socia del 50%); Virtual Strategies S.L. (De Torres y su mujer, Ana María Tejeiro); Shiriaimasu S.L. ( Torres y su mujer); Intuit Strategy Innovation Lab (Torres y su mujer); además de dos estructuras societarias fiduciarias, Goes Center for Skateholder Management, una SL y una LTD.
8. Un instrumento para el fraude
Tanto Nóos como las sociedades vinculadas tenían el mismo domicilio social real y sus respectivos empleados desarrollaban sus servicios para Nóos, de tal forma que sólo nominalmente cobraban el salario de una u otra sociedad. Las operaciones mercantiles que facturaban no obedecían a servicios efectivamente prestados. Era un instrumento fraudulento utilizado para ocultar el trasvase de fondos. En las mercantiles aparecían registrados trabajadores que no han prestado servicio alguno; además varios trabajadores del ámbito doméstico de Torres y Urdangarin cobraban de las sociedades; y realizaban traspaso continuo de personal entre sociedades.
9. Papel de la infanta
A Cristina de Borbón no se la juzga por su relación con el entramado societario montado con el Instituto Nóos y las mercantiles entre su marido y su socio. Sin embargo, Urdangarin interpuso a la sociedad que compartía con ella, Aizoon S.L., para facturar servicios de carácter personalísimo -como pagos por asesorías a empresas- prestados directamente por él mismo como persona física. Recibió en 2007 645.453 euros; y en 2008, 494.156, que declaró en el Impuesto de Sociedades. El tribunal deberá decidir si la infanta cooperó de manera necesaria con su marido al engañar a Hacienda en su declaración, cometiendo así dos delitos fiscales.