España TERRORISMO

La Fiscalía pide procesar al dirigente de ETA 'Kantauri' por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

Entiende que fue quien dio la orden de secuestrarle y matar al concejal del PP en Ermua.

14 enero, 2016 16:26

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Eloy Velasco que reabra la causa por el secuestro y asesinato del concejal del PP en el Ayuntamiento de Ermua, Miguel Ángel Blanco, y procese al jefe militar de ETA, José Javier Arizcuren, 'Kantauri', por dar la orden. El joven 'popular' fue secuestrado el 10 de julio de 1997. El Ministerio Público pide que se le cite a declarar y se incorpore en la causa un informe de inteligencia de la Guardia Civil sobre la implicación del etarra en los hechos.

La Fiscalía pide procesar al dirigente de ETA 'Kantauri' por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

La Fiscalía pide procesar al dirigente de ETA 'Kantauri' por el asesinato de Miguel Ángel Blanco Europa Press

Según recoge el escrito de la Fiscalía, el día del secuestro, ETA llamó al diario Egin reivindicándolo y exigiendo para su puesta en libertad el acercamiento y reagrupamiento de los presos de ETA, en las cárceles del País Vasco en un plazo de 48 horas. En caso de que no se cumplieran sus exigencias, el concejal sería asesinado.

Dos días después, Blanco apareció moribundo, tras haber recibido dos disparos en la cabeza en las afueras de Lasarte. Murió horas después. Por estos hechos ya ha sido condenado Ibon Muñoa Arizmendarrieta por colaboración, y Javier García Gaztelu, 'Txapote' y su pareja Irantzu Gallestegui Sodupe, como autores materiales.

El Ministerio Fiscal “ha examinado minuciosamente otros procedimientos penales por terrorismo y ha identificado nuevos elementos indiciarios de contenido incriminatorio que han permitido establecer de forma sólida con carácter presuntivo la participación en el crimen del entonces dirigente de ETA José Javier Arizcuren, 'Kantauri', dando la orden al comando ejecutor para secuestrar y asesinar al concejal”.

El escrito de la Fiscalía se basa en un informe de la Guardia Civil que atribuye la responsabilidad de dar la orden a Kantauri, en ese momento jefe militar de ETA, y por tanto “responsable directo de los comandos activos a quienes dirigía las órdenes de atentar”.

El golpe policial que supuso la detención de la cúpula de ETA en Bidart en 1992 “tuvo tanto calado”, que la organización terrorista tardó varios años en recuperarse. En este periodo “post-Bidart”, ETA inició un debate estratégico que alcanzó a todas las estructuras de ETA-KAS. Las conclusiones finales del debate fueron que había que dar una nueva orientación a todas las formas de lucha para provocar una confrontación constante con el Estado a todos los niveles que lo desestabilizaría con mayor intensidad que la soportada hasta entonces.

La “Dirección” de ETA estimó que la situación era propicia para ordenar a sus comandos que llevaran a cabo un nuevo procedimiento para presionar aún más al Gobierno: el secuestro de un concejal del PP bajo la amenaza de asesinarlo en 48 horas si el Ejecutivo no cedía a las exigencias de ETA sobre el acercamiento de presos, y así se lo hicieron saber a Kantauri como responsable del 'aparato de ilegales'.

Carta de Kantauri

En el marco de otra investigación, apareció en un domicilio una carta manuscrita por Kantauri en la que daba instrucciones precisas al comando sobre la ejecución del reiterado secuestro. “Poner toda la fuerza posible en levantar a un concejal del PP dando un ultimátum de días para que los presos estén en Euskadi. En relación a este tema (secuestro) hacerlo lo antes posible...”, señalaba en el manuscrito.

Kantauri ya ha sido condenado como responsable del asesinato del concejal del PP en Sevilla Jiménez Becerril y su esposa, perpetrado en 1998. En dicho procedimiento se declaró probado que Kantauri fue el responsable del cambio de estrategia y que los miembros de los comando de ETA debían solicitarle su autorización concreta para atentar contra políticos a diferencia de lo que ocurría cuando la víctima pertenecía a otro colectivo como la Policía. Bajo esta premisa, la Fiscalía entiende que se debe aplicar en el procedimiento por el asesinato de Blanco.